
De los 32 estados de la República, sólo Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Guanajuato realizan con su propio presupuesto una evaluación diagnóstica entre sus estudiantes de educación básica y media superior para conocer el nivel que existe de aprendizaje.
“Vamos bastante tarde, porque el país no cuenta con evaluación a nivel nacional para saber los aprendizajes alcanzados en primaria, en secundaria y en media superior”, dice Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se dejaron de aplicar tres evaluaciones para estudiantes de educación básica: Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), Estudio Regional Comparativo y Explicativo, que dejaron de realizarse en 2019, y TALIS (Teaching and Learning International Survey), promovido por la OCDE que estaba dirigido a directores y a maestros, cuya última aplicación se realizó en 2018.
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La prueba Planea comenzó a aplicarse en 2015 y fue realizada por última vez en 2019. La evaluación la ejecutaba el extinto INEE, sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que también fue eliminada en esta administración, a alumnos de sexto grado de primaria, tercero de secundaria y del último grado de educación media superior.
Esa prueba, que se realizaba cada tres años, tenía como propósito evaluar los aprendizajes clave de los campos de formación relacionados con lenguaje, comunicación y matemáticas, consideradas herramientas esenciales para el desarrollo del aprendizaje de otras áreas del conocimiento.
La última ocasión que se realizó fue entre un millón 56 mil 701 alumnos de tercero de secundaria de 34 mil 209 escuelas públicas y privadas de toda la República. Los resultados arrojaron que 55% de ese grado escolar tuvo un mal rendimiento en matemáticas. Solamente 9% presentó un nivel sobresaliente.
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Fernández menciona que cuando los gobiernos de algunos estados se percataron de que se habían cancelado todos los esfuerzos para hacer una evaluación de los aprendizajes, decidieron seguir con esas pruebas utilizando su propio presupuesto.
“Esos gobiernos sí tomaron la responsabilidad de decir ‘ok, con estas evaluaciones empezamos a trabajar con las comunidades educativas de las primarias, las secundarias y en los diferentes subsistemas de la media superior, en estrategias de recuperación de aprendizajes, independientemente de lo que me diga el gobierno federal, en la denominada Nueva Escuela Mexicana’”, señala.
Fernández, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke, en Estados Unidos, resalta que el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la retórica de que el aprendizaje se centra en la comunidad y que los profesores son profesionales del conocimiento, por lo que ellos deben de saber la mejor forma de evaluar a sus estudiantes. “Por ello, no ha querido tener un ejercicio autocrítico acerca de una verdadera evaluación”, considera.
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Menciona que si las autoridades educativas quieren conocer el terreno que pisa el país en materia de aprendizajes, “lo mínimo que necesitamos son evaluaciones, no punitivas, sino formativas. Es decir, que nos permitan conocer los conocimientos de los estudiantes. Y a partir de ahí, implementar estrategias.
“Pero sabemos que esto no pasará. Eso sí, vamos a destinar 36 mil millones de pesos para bajar la edad de retiro de los docentes, pero no hay dinero ni para evaluar ni para la capacitación docente”, sostiene.
Para Juan Alfonso Mejía, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exsecretario de Educación y Cultura en esa entidad, el hecho de que tan sólo en cuatro estados se apliquen evaluaciones diagnósticas, es reflejo de que la política le ganó el terreno a los estudiantes. “Se ha abandonado completamente el ámbito educativo”, puntualiza lacónico.
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El también activista de tiempo completo en la defensa y promoción del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes de México, dice que los estados en los que se han dejado de aplicar las evaluaciones diagnósticas deben seguir los pasos de los que, con sus propios recursos, las siguen realizando.
“Habiendo sido secretario de Educación, los gobiernos estatales son los responsables de que las niñas y los niños aprendan, de que cumplan sus ciclos y de que los profesores puedan desarrollar su vocación. Ninguna entidad federativa tiene que esperar a que la Federación tome la iniciativa”, señala.
Mejía considera que “es bastante simbólico que los cuatro estados que sí están reaccionando y aplicando evaluaciones a los alumnos sean opositores. ¿Por qué lo digo? Porque las demás autoridades parece que anteponen primero seguir la línea política, pero en ningún momento la política educativa a favor de las niñas y los niños y de los jóvenes”.
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Al respecto, desde la óptica de Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, México ha experimentado un brutal retroceso en materia de diagnóstico, evaluación y mejora continua de los aprendizajes mínimos esperados durante los últimos siete años.
“La actitud ante el aprendizaje, ante la cientificidad y la evidencia que ha asumido el gobierno en este septenio, es negacionista y ocultadora, como lo demuestra contundentemente la concatenación de actos de autoridad, como desaparecer sistemáticamente políticas públicas, instituciones, consejos, organismos autónomos y esfuerzos particulares por conocer el estado que guarda la educación”.
Asegura que es un despropósito que se evada realizar evaluaciones diagnósticas. Por ello, menciona que urge un cambio de enfoque para volver a jerarquizar el aprendizaje como el principal indicador de efectividad del sistema educativo nacional y así aplicar estrategias necesarias.