Hubo ejecución en Palmarito: CNDH

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que cuenta con elementos para acreditar que hubo ejecución arbitraria, trato cruel y manipulación de un cadáver el 3 de mayo de 2017, durante los enfrentamientos armados en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales, así como estatales.

Con el resultado de la investigación, la CNDH emitió la recomendación 12VG/2018, en la que concluye que hubo “ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla”, a quienes recomienda la total reparación del daño a todas las víctimas.

Recordó que el 3 de mayo de 2017 se registraron enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y militares, así como policías federales y estatales, los cuales derivaron en la muerte de 10 personas —seis civiles y cuatro militares—; dejaron 26 lesionados —14 civiles y 12 militares— y 13 detenidos —nueve adultos y cuatro menores de edad.

Tras el hecho, el organismo, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las carpetas de investigación, pero le fueron negadas, “lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia”.

La comisión subrayó que hubo violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), a la PGR, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia, estas tres últimas instituciones de Puebla.

La comisión manifestó también su preocupación por la impunidad que impera en la sustracción ilegal de hidrocarburos, independientemente de la marginación y rezago que privan en comunidades de la llamada Franja del Huachicol y la falta de políticas públicas para el desarrollo de sus habitantes que permitan disminuir niveles delictivos, desempleo, pobreza y desigualdad.