A pesar del creciente aumento de la violencia a nivel nacional, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) ha sesionado sólo una vez en más de 10 años desde su creación. Ante este abandono, resulta indispensable su refundación para definir e implementar una política pública de apoyo a las víctimas, señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
“Es deseable que el funcionamiento del SNAV se retome con el impulso que puede darse si, como lo establece la Ley General de Víctimas (LGV), la Presidencia de la República vuelve a encabezar sus sesiones, al menos una vez por año. Ello imprimiría un impulso del que ahora se carece e incentivaría que las entidades federativas sean también los gobernadores y las gobernadoras quienes encabecen sus respectivos sistemas locales”, indica.
El SNAV es la instancia superior de coordinación y elaboración de políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas a nivel local, federal y municipal.
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De acuerdo con la Ley General de Víctimas, ese sistema debe estar constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.
El documento del Centro Prodh dice que debe diseñarse un proceso constructivo que “evite que el SNAV continúe su inercia irreflexiva hacia adelante, alejándose cada vez más de los objetivos para los que fue inicialmente concebido. Ante este panorama, no son exagerados los llamados a refundar el sistema, revisando estructuralmente lo que hay y generando un diseño nuevo”.
Precisa que desde la creación del SNAV se han llevado a cabo únicamente dos reuniones, la primera de instalación del sistema y la segunda relativa a una sesión ordinaria del pleno, esta última con fecha 20 de mayo de 2015.
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Menciona que la LGV es un resultado político de la lucha iniciada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), al que se unió y lideró el poeta y activista Javier Sicilia después del asesinato de su hijo, en 2011.
“El movimiento se volvió el actor legítimo para visibilizar el dolor acumulado en el país. En uno de los primeros documentos programáticos signados por el MPJD —el Pacto Nacional Ciudadano, adoptado en Ciudad Juárez el 10 de junio de 2011— se habló por primera vez de exigir una ley que proteja lo derechos de las víctimas directas (los asesinados) e indirectas (sus familiares)”, señala.
Resalta que al iniciar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, no hizo ningún anuncio sobre revisiones a la LGV ni al funcionamiento del SNAV. Meses después únicamente se refirió al fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) “para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida”. Esto, tras la indignación nacional que levantó el hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
“El Estado mexicano le ha fallado a las víctimas y no ha estado a la altura de las exigencias y la dignidad de éstas. A lo largo de tres administraciones —una panista, otra priista y una morenista— se ha pasado de la esperanza a la decepción por la simulación”, refiere.
El informe del Centro Prodh también da cuenta de las fallas de la CEAV, que es la institución encargada de atender a víctimas de delitos del fuero federal y de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales.
“Aunque la ley prevé el derecho a una reparación integral del daño basada en los más altos estándares internacionales, en los hechos el mecanismo de adjudicación de reparación ha sido discrecional, registrándose casos de montos diferenciados ante hechos similares. La CEAV debería avanzar en programas administrativos de reparación con estándares y parámetros objetivos y transparentes”, externa.
Y asegura que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH para brindar asistencia técnica en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, analizó el funcionamiento de la CEAV, encontrando una serie de carencias que ya para entonces perfilaban las principales fallas de la institución.
En uno de sus informes, el GIEI señaló que “es muy importante que la CEAV tenga la necesaria independencia y autonomía frente a las autoridades que han podido tener responsabilidades por acción u omisión en los hechos de violencia. Si esto no se presenta, se pueden generar conflictos de interés, además de una visión desde las víctimas de falta de independencia que compromete su cometido.
“El nombramiento de los responsables de la CEAV tiene que generar confianza y mostrar una práctica clara de orientación a las víctimas. Este hecho es más grave en los lugares donde los gobiernos estatales puedan tener responsabilidad en los casos o violaciones de derechos humanos”, acotó.
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A las observaciones del GIEI se sumaron las del propio titular de la CEAV, quien en 2018 denunció públicamente la ausencia de colaboración efectiva de los gobiernos estatales para asegurar que la atención de víctimas fuese en realidad una política de Estado.
El reporte del Centro Prodh destaca que desde 2020, la Comisión Ejecutiva empezó a experimentar las consecuencias de las medidas de austeridad anunciadas entonces por el gobierno federal, así como las de la llegada del Covid-19.
