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El 15 de febrero de 2023, el abogado Víctor Hugo López Ramírez se dirigía a uno de sus puestos favoritos de tacos en Tijuana, le acababa de “caer un asunto” que le obligó a trasladarse de la Ciudad de México a Baja California. Poco antes de las tres de la tarde, llamó a uno de sus colegas para presumirle donde planeaba comer.
“Bueno, luego nos vemos, porque ya voy a comer esos pinches tacos”, esas fueron las últimas palabras de Víctor que escuchó el licenciado Guzmán. Horas después empezaron a circular noticias: “Asesinan al abogado de El Cabo 20 en Tijuana”, junto a los titulares, se mostraban fotografías del cuerpo del penalista, tirado en el asfalto junto al puesto de tacos.
En México, las personas abogadas están expuestas a ser víctimas de ataques y ejecuciones A través de solicitudes de transparencia a las fiscalías locales de nueve entidades señaladas por especialistas como de alto riesgo, EL UNIVERSAL encontró que han sido asesinadas al menos 168 personas abogadas en México de 2020 a 2025.
Guanajuato y Michoacán fueron los estados con más casos registrados. Los datos indican que 2024 fue el año con más asesinatos, con un total de 18 casos en Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tabasco y Guerrero. La Fiscalía de Baja California, entidad donde fue asesinado Víctor Hugo López Ramírez en 2023, reportó sólo un caso de homicidio contra un abogado en 2024.
El año pasado, un informe del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho (IFED) y México Evalúa encontró que 7 de cada 10 personas litigantes han padecido agresiones Raúl Mejía, investigador del IFED, señaló en entrevista que la realización del informe fue un reto, pues no hay cifras ni información clara por parte de las autoridades ni del propio gremio.
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David Saucedo, especialista en seguridad, explicó que la violencia contra personas abogadas es mayor en entidades con un alto índice delictivo y precisó que la mayoría de los casos suelen darse contra penalistas, defensores de derechos humanos y miembros del Poder Judicial.
Ante la desprotección hay silencio
El licenciado Luis Tapia Olivares fue litigante en materia penal en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde se dedicó a representar a víctimas de violaciones de derechos humanos. Durante este tiempo, tuvo conocimiento de ejecuciones de colegas.
“Recuerdo un caso. Fue en 2011 o 2012; el primero de enero asesinaron a un abogado en su casa mientras celebraba año nuevo. Ese tipo de cosas impacta y luego ya no se dice mucho más, no es que salga el Colegio (de abogados) y diga algo. El tema de la reputación y el riesgo genera una situación de autocensura. Frente a la desprotección, se opta por el silencio”, aseveró en entrevista.
Tapia señaló que hay una falta de seguimiento de crímenes contra el gremio, visión que comparte Raúl Mejía, quien añadió que existe resistencia por parte de los abogados y sus asociaciones para denunciar ataques en su contra, pues se tiene desconfianza en las instituciones de procuración de justicia. “No denuncias porque tienes miedo de lo que puede ser la consecuencia en un Estado dominado por el narco”, aseguró.
EL UNIVERSAL realizó un recuento de homicidios a través de ejecuciones directas contra personas abogadas publicadas en medios locales y nacionales, y encontró que en los primeros siete meses de 2025, 33 abogados fueron asesinados, siendo junio el mes más violento con 8 crímenes. Los estados con más casos fueron: Jalisco, Puebla y Sinaloa.
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En 2024, se reportó un total de 37 personas defensoras asesinadas, el mes más violento fue junio, con seis casos; los estados con mayor incidencia fueron Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Baja California y Quintana Roo.
Abogados luchan contra estigmatización
“Existe violencia contra el gremio. Muchas veces tienes miedo, incluso de tus clientes y el Estado”, compartió en entrevista Yarei Lagunas, abogada penalista y esposa de Víctor Hugo López Ramírez, quien fue asesinado en 2023. La abogada desconoce si su pareja recibió amenazas antes de su homicidio y el motivo del crimen, pero ha decidido no darle seguimiento.
“Justo porque te enfrentas a ruedas de prensa o manifestaciones de ministerios públicos y autoridades que dicen, ‘es que le pasó esto porque llevaba tales asuntos’. Entonces esa es la línea de investigación: atacar tu trabajo”, subrayó.
El abogado Óscar Gael Cano fue asesinado el 8 de junio de 2025 en el estacionamiento de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en Ciudad Juárez, por lo que la Asociación de Abogados Penalistas de la localidad se manifestó afuera de las instalaciones para exigir el esclarecimiento del crimen y de otros 18 homicidios de personas defensoras registrados en los últimos nueve años.
En respuesta a una solicitud de transparencia, la Fiscalía de Chihuahua reportó sólo un homicidio registrado contra una persona abogada en los últimos cinco años. Sin embargo, de acuerdo al recuento en prensa de esta casa editorial, Chihuahua lleva al menos seis homicidios contra personas defensoras entre 2024 y la primera mitad de 2025.
“Son ejecuciones al estilo del crimen organizado y todos abogados penalistas”, detalló en entrevista el licenciado Emmanuel Rangel, miembro de la asociación de penalista en Juárez, quien advirtió que hay un incremento de crímenes contra este tipo de abogados en los últimos años, situación que atribuye a la impunidad en los crímenes.
“Al licenciado Gael Cano lo mataron inclusive afuera de las instalaciones de la Fiscalía General, dónde está lleno de policías estatales, de investigación y ministeriales”, enfatizó.
Yarei Lagunas explicó que la visión de convertirse en “abogado del malo”, provoca estigmatización hacia el gremio y afecta la importación de justicia en los casos en los que los defensores se convierten en víctimas.
Parte de ello, se debe a que los crímenes contra el gremio se han caracterizado por un sello al estilo del crimen organizado: ejecuciones en vía pública, despachos y “motosicarios” que logran escabullirse después de cometer el ilícito.
No obstante, Raúl Mejía sostiene que no todos los homicidios se pueden atribuir a la acción del crimen organizado, pues durante el estudio del IFED detectaron que las agresiones también pueden provenir de la contraparte de la defensa en un caso legal.
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Luis Tapia Olivares señala que los abogados son asociados a las causas que defienden: “en principio cualquier persona, por más grave que sea el delito del que se le acusa, tiene derecho a tener una defensa. No por el hecho de defender a alguien acusado de cometer algún delito significa que su defensa cometió el delito, simplemente está haciendo su trabajo”, explicó.
Ven incumplimiento del Estado
Raúl Mejía concluyó que cuando se ejerce violencia contra los abogados baja la confianza de la gente en la posibilidad de una defensa: “cuando los abogados están en una situación de peligro, significa que el Estado está incumpliendo con sus funciones más básicas”, aseveró.
El licenciado, Rodolfo Islas Valdés, Secretario Técnico en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), confirmó a esta casa editorial que no existe un registro para los hechos de violencia contra el gremio. Islas atribuye esta situación a que la defensa de la defensa es un área poco conocida, incluso dentro de la propia profesión jurídica. Esto genera que los crímenes se gestionen de forma individual, sin registrarse.
Detalló que parte del área a la que pertenece mantiene un “registro interno” que toma en cuenta los asuntos vigentes que fueron presentados ante la BMA. Añadió que si bien no existe un protocolo de protección, se realizan acciones como la presentación de una denuncia, cuando un abogado se encuentra en situaciones de amenazas o persecución y explicó que este apoyo se extiende tanto a miembros como a no miembros del Colegio, siempre y cuando la persecución esté ligada al ejercicio legítimo de la abogacía.
“Que sepa el gremio, tanto particulares como miembros del Poder Judicial, que el apoyo existe; el objetivo es la unión del gremio”, dijo Islas.
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La licenciada Yarei Lagunas continúa laborando, pese a lo que ahora califica como “un Estado fallido de derecho”, dijo que el homicidio de su esposo le ha ayudado a sensibilizarse y ver a sus clientes como personas.
“Más allá de ser abogado, era un ser humano; papá de mi hija, esposo, muchas cosas antes. Cuando pasó a ser víctima fue complicado, porque sabes que te puedes enfrentar a escuchar a servidores públicos y autoridades que lo descalifican, que no piensan que detrás de esa persona que perdió la vida, hay hijos, esposa, un hogar. Existimos muchas personas que, más allá de haber perdido al abogado, perdimos una parte esencial de nuestra vida”, concluyó.
