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El Senado de la República recibió ayer la iniciativa conocida como plan B de la reforma electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que de aprobarse permitirá que se adelante un año la revocación de mandato, con lo que en 2027 habría una megaelección para renovar el Congreso federal, Congresos locales, 17 gubernaturas, el Poder Judicial y realizar el ejercicio de revocación de mandato.
El proyecto contempla también modificaciones constitucionales a fin de reducir los privilegios económicos en el servicio público.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su determinación para que la elección judicial se mantenga en los términos previstos para celebrarse también en 2027.
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“Hay también algunas modificaciones a la elección judicial, pero tomé la decisión de que siga siendo en el 2027, aprovechar la elección del 2027 para atender todo, de una vez, y hay algunas modificaciones para que sean menos candidatos en las boletas, que las comisiones que presentan las candidaturas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan hacer una mayor revisión de los perfiles que se presentan”, refirió.
Ya en la tarde, tras recibirse la iniciativa conocida como plan B en el Senado, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, descartó un procedimiento en fast track, pero subrayó que Morena y sus aliados prevén aprobar esta reforma antes de la Semana Santa, que inicia el 30 de marzo.
El documento del Ejecutivo, que contó con el aval de los tres partidos aliados, Morena, PT y Verde, plantea la posibilidad de adelantar la consulta de revocación de mandato. Señala que el ejercicio se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional, es decir, que de concretarse la reforma se realizaría en 2027 o 2028, en el caso de la presidenta Sheinbaum.
La iniciativa contempla reformar los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia.
Se prevé que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México ajusten sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la Constitución y prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado, “con excepción de aquellos derechos cuya obligación de otorgarlos derive de la ley, contratos colectivos de trabajo o condiciones generales de trabajo”.
En el caso del Senado se establece un ajuste presupuestario a partir del siguiente ejercicio fiscal de 15% respecto al presupuesto aprobado en 2026, “para buscar que la élite política partidista que tanto tiempo mantuvo el poder y que lo concentró de manera excesiva, alejada de la realidad y de la dinámica social, comprenda que el postulado de los cargos públicos es servir al pueblo y no a las cúpulas partidistas que tanto daño han hecho a este país”.
En la exposición de motivos, la titular del Ejecutivo argumenta que la medida responde a las demandas ciudadanas frente al dispendio de sus contribuciones y a la falta de certeza sobre quiénes les representan a través de este mecanismo de elección.
Por otra parte, ningún presidente municipal ni regidor podrá recibir ingresos superiores a los establecidos oficialmente ni acceder a bonos, seguros u otros beneficios adicionales financiados con recursos públicos.
El documento propone que las Constituciones de las entidades federativas fijen un límite al presupuesto anual de los Congresos locales, el cual no deberá superar 0.7% del total del presupuesto de egresos estatal.
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Se plantea una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a un síndico y a un máximo de 15 regidores por municipio, para que dicha integración no se pervierta por criterios de utilidad o renta política, o por beneficios personales, y responda en cambio a un genuino criterio de representación democrática.
El plan B también contempla límites a las remuneraciones de consejeros del INE, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas y homólogas del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales en las entidades federativas, quienes no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República.
Tras recibir el proyecto presidencial de manos del enlace de la Secretaría de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, calificó la iniciativa como “una propuesta trascendental para el país”.
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