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Ante el grave problema de huachicoleo de agua que se registra en diversos estados del país, el senador Juan Carlos Loera presentó una iniciativa de reforma que crea un nuevo tipo penal federal relacionado con la apropiación ilícita de aguas nacionales, para fortalecer la protección del patrimonio hídrico de la nación.
El proyecto de decreto propone una reforma integral a cuatro leyes federales y contempla sanciones de cuatro a 15 años de prisión, así como multas millonarias para quienes extraigan, desvíen o comercialicen agua nacional sin autorización.
Con esta acción, Loera busca anteponer el interés del pueblo frente a cálculos políticos-electorales y avanzar en el Plan Nacional Hídrico.
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En su trabajo como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Juan Carlos Loera identificó que la sobreexplotación de mantos acuíferos es un problema extendido, particularmente, en estados fronterizos con Estados Unidos, como Chihuahua. Datos recabados por organismos operadores estatales indican la existencia de más de 131 mil tomas clandestinas entre 2019 y 2023 en casi todos los estados del país.
Además, la instalación de tomas clandestinas, el desvío ilegal de agua y el uso de infraestructura no autorizada generan pérdidas anuales equivalentes a más de 600 millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“No podemos permitir que se robe impunemente un recurso que es propiedad de la nación y un derecho humano para todas y todos los mexicanos”, argumenta Loera en la justificación de esta iniciativa, que reconoce el riesgo sistémico que representa el robo de agua en un contexto de sequías crecientes, estrés hídrico y debilidad institucional.
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También se propone la extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, destinando los recursos recuperados a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas.
Adicionalmente, se establece la revocación automática de concesiones cuando el titular sea sentenciado por robo de agua; instalación obligatoria de medidores inteligentes (telemetría) en todos los puntos de extracción autorizada para evitar el subregistro de volúmenes y la creación de un padrón público de tomas clandestinas con información georreferenciada.
La iniciativa es una acción que se suma al informe técnico de esta situación enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum y se deriva de una serie de reuniones con agricultores chihuahuenses y con el director general de Conagua, Efraín Morales.
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En dicho documento, el legislador denuncia la sobreexplotación crítica de mantos acuíferos en el estado de Chihuahua, asociada a presuntos actos de corrupción realizados por exdelegados estatales de Conagua durante el gobierno del expresidente Enrique Peña.
El reporte incluye evidencia documental, fotografías y tablas comparativas que revelan cómo, en las últimas dos décadas, la superficie bajo riego se duplicó, afectando gravemente acuíferos en zonas de veda.
En el informe, Loera destaca que este problema no sólo pone en riesgo la sostenibilidad hídrica de Chihuahua, sino que también podría comprometer los resultados del Plan Nacional Hídrico, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Uno de los hallazgos centrales del reporte es el crecimiento desproporcionado de tierras bajo riego, que pasaron de 367 mil a 674 mil hectáreas entre 2003 y 2023, en un contexto de sequía extrema. En ese periodo, los cultivos perennes -de alto consumo hídrico- se duplicaron, pese a restricciones impuestas por decretos federales y convenios como el Programa de Adecuación de Derechos del Agua (PADUA).
“Esta expansión agrícola ocurrió ignorando la falta de lluvias, el abatimiento de acuíferos y las zonas con veda impuesta desde 1979. Lo peor: hubo instituciones que no sólo omitieron controlar esta dinámica, sino que posiblemente, la facilitaron”, advirtió el senador de Morena.
El documento cita, entre otros ejemplos, un caso concreto de posible corrupción en el que 125 constancias de aprovechamiento de agua subterránea habrían sido autorizadas en un solo día, el 20 de agosto de 2013, por Álex LeBaron, entonces funcionario de Conagua, en favor de una sola empresa: Agroindustrias BVM S.A. de C.V.
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El legislador plantea que el propietario formal de dicha empresa habría fungido como prestanombres del exgobernador César Duarte, lo cual, de comprobarse, constituiría un acto grave de abuso institucional y acaparamiento de un recurso público vital.
Juan Carlos Loera también documentó dos casos específicos en las colonias Buenavista y El Camello, en el municipio de Ascensión, donde se ha identificado una expansión ilegal de zonas agrícolas por parte de productores de origen menonita. Estas zonas, vedadas desde hace más de cuatro décadas, presentan una alarmante reducción en los niveles de agua subterránea.
EL UNIVERSAL publica este lunes una entrevista con Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua de la Conagua, quien reveló que se han detectado 52 mil confesiones que huachicolean el líquido en entidades como Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y Michoacán.
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