El pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que crea el llamado “derecho petrolero del bienestar”, que implica el cobro de un impuesto único de 30% a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la explotación de hidrocarburos y de 11 por ciento en el caso del gas.
La reforma aprobada por 85 votos a favor y 29 en contra busca reducir la carga administrativa y operativa sobre la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex).
En tribuna, la presidenta de la Comisión de Energía, Laura Itzel Castillo, presentó los argumentos de la reforma que busca reducir la carga administrativa y operativa sobre la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante la sesión pidió apoyar la reforma y argumentó que la misma quiere cambiar todas las promesas de modernización y de aumento de producción, derivado de la mal reforma neoliberal del 2013 en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
Alejandra Barrales Magdaleno, senadora por Movimiento Ciudadano, refirió el dictamen pretende resolver un paquete de legislación secundaria en la materia, la cual ha sido apoyada por parte de su grupo parlamentario en ambas cámaras del Congreso.
En este sentido, expuso que se prevé el fortalecimiento financiero de Pemex, estableciendo el -derecho del Petróleo para el Bienestar-.
Asimismo, se busca modificar el esquema de pagos de Pemex, a efecto de contar con una empresa estratégica que contribuya al desarrollo nacional. Reconoce que con las propuestas contenidas en el dictamen no se resuelve la problemática, no obstante, anuncia el apoyo para su aprobación.
La senadora del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, expuso que “esta reforma bautiza una política pública como el derecho petrolero para el bienestar, y cuando los gobiernos de Morena le ponen el nombre de “bienestar” a algo están destinados totalmente a fracasar, como ya lo sabemos”.
Expuso en tribuna que la propuesta de simplificar el régimen fiscal de Pemex sigue con la lógica de disminuir la plataforma de producción, bajo el amparo de una política que pretende garantizar que el Estado tenga un trato favorable en relación con sus competidores internacionales.
“Ello no sólo sigue siendo algo que podría violentar el T-MEC, un tema de profunda importancia en este momento, sino que más no impulsa que Pemex, por sus propios méritos, se convierta en una empresa sostenible, competitiva y eficiente”, apuntó.
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