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El Senado avaló catalogar como delincuencia organizada el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo, privado y ferroviario.
La reforma a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada señala que el robo a los servicios de autotransporte federal sea investigado por el Ministerio Público, como crimen organizado.
El dictamen resalta que debido a la alta incidencia del ilícito, sus violentas formas de comisión, por su organización y estructura para perpetrarlo, los riesgos y amenaza a la integridad de las personas que se trasladan por carretera y ferrocarril, así como por el impacto negativo y pérdidas económicas que genera en los sectores público y privado, es que debe considerársele como delincuencia organizada.
Precisa que el autotransporte es un sector de gran relevancia para la economía, pues contribuye con 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de que genera 6 millones de empleos directos e indirectos al año.
Datos del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) refieren que el robo con violencia creció, al pasar de 5 mil 192 eventos en 2015 a 9 mil 35 casos en 2017, lo que representó un crecimiento de 74%.
El senador de Morena José Alejandro Peña subraya que de los 12 mil 206 robos que se registraron en 2018, 10 mil 371 fueron con violencia, por lo que, dice, esta reforma dotará a las autoridades con instrumentos para hacerle frente.
Noemí Reynoso (PAN) indica que se debe catalogar al crimen organizado como un problema de seguridad nacional, ya que esta propuesta, afirma, responde a una demanda social, por lo que es una señal de disposición para combatir este ilícito.
El senador independiente Emilio Álvarez dice que elevar las penas es un error que repite fórmulas de gobiernos anteriores, ya que es parte de la doctrina “populismo punitivo”, la cual no cambia el modelo de seguridad, sino que reafirma uno equivocado.
La senadora del PRI Verónica Martínez detalla que a través de esta reforma se brindan herramientas a las autoridades para hacerle frente al hampa.
El panista Damián Zepeda se pronunció en contra, al considerar que viola los derechos humanos y por ser una contrarreforma al sistema de justicia penal y a la presunción de inocencia.
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