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En el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre, el Senado revisará el Código Penal Federal para actualizar sus disposiciones y combatir el delito de despojo en todo el país, anunció la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, quien advirtió que se acabó la complacencia con las mafias que se han dedicado a arrebatar sus inmuebles a los propietarios legítimos, en su mayoría personas vulnerables.
La legisladora reconoció los esfuerzos que están realizando los gobiernos locales, como el de la Ciudad de México y el Estado de México, donde ya se legisla para combatir un delito que ha crecido en todo el país, con sanciones de más de veinte años para los invasores de un predio, un inmueble o a quien incurra en el despojo de agua.
La secretaria de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado resaltó que, en muchos casos, los despojos han aumentado por la colusión de jueces y notarios que acreditan propiedades hasta comunales a invasores y mafias que se han dedicado a lucrar con el patrimonio ajeno.
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“No es solo el caso ya famoso de la señora ‘Carlota’, de 74 años en Chalco, Estado de México, que terminó por acribillar a dos personas que habitaban de forma irregular su inmueble. Hay muchos casos que se litigan a diario en los tribunales y que tardan años, desgastando a los auténticos dueños de la propiedad y dejándolos en la miseria con el pago de abogados”, lamentó Guadalupe Chavira.
Alertó que, además, ha habido otros casos que pueden terminar en enfrentamientos no deseados como el ocurrido en marzo pasado en Milpa Alta, donde llegaron 280 granaderos a desalojar el predio Teopanixpa, en el barrio de Santa Martha, y la gente del pueblo salió con machetes y palos para defender a la familia afectada por un juicio irregular que lleva el Juzgado 8º en materia civil, mismo que debió ser revisado por un tribunal agrario, y del que se presume está coludido con delincuentes dedicados al despojo.
La senadora Chavira destacó que de acuerdo con desarrolladores inmobiliarios, en la zona metropolitana del Valle de México hay 600 mil viviendas de conjuntos urbanos deshabitadas y acechadas por la delincuencia para ser invadidas. Tan solo en la capital del país, el delito creció 8 por ciento en relación a 2024 y este año se han recibido 2 mil 245 denuncias por despojo.
En ese sentido, respaldó la estrategia del gobierno capitalino, encabezado por la jefa de gobierno Clara Brugada, para combatir el delito con un gabinete especial y sanciones de hasta 22 años de prisión.
Actualmente, dijo, el artículo 395 del Código Penal Federal prevé sanciones de tres meses hasta nueve años de cárcel y multa de cincuenta a quinientos pesos a quienes cometan despojo, además de acumularse lo correspondiente por violencia o amenaza, en su caso.
Por ello, subrayó que en el periodo de sesiones que está por iniciar se deberá analizar y legislar en la materia, para respaldar los esfuerzos que están realizando los congresos locales y darle un soporte federal a un delito en el que participan litigantes, notarios, jueces y hasta grupos de la delincuencia.
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