Impugnan decisión sobre Ley de Seguridad Interior

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La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que un ministro desechó la controversia constitucional que presentó contra la Ley de Seguridad Interior.

Con un recurso de reclamación, el organismo impugnó el argumento del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien consideró notoriamente improcedente la controversia que presentó, debido a que no tiene legitimación para recurrir por ese medio de control constitucional una ley federal.

El recurso será turnado a otro ministro de la Corte, que analizará los alegatos de la CDH capitalina y determinará si es posible o no su admisión. A las impugnaciones contra la Ley de Seguridad se sumaron ocho presentadas por diversos municipios del Estado de México, Yucatán y Puebla.

El ministro Pardo Rebolledo admitió la controversia constitucional que presentó el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y emplazó a los otros siete ayuntamientos que promovieron controversias constitucionales porque no presentaron documentación que acredite su personalidad jurídica.

Si los municipios de Ocuilan y Cocotitlán, Estado de México; Oxkutczab, Tepakan y Hoctun, en Yucatán, y Ahuacatlán y Tepeyualco, Puebla, no presentan a tiempo los documentos, sus escritos serán desechados por la Corte.

Inconstitucional. Organizaciones de derechos humanos y sociales agrupadas en el Colectivo #SeguridadSinGuerra llamaron a los ministros de la Corte a declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, debido a que consideraron que  contiene conceptos que violan diversos derechos humanos y que trasgreden el orden federal.

En un comunicado, el colectivo afirmó que esta ley tiene  conceptos “vagos e imprecisos” que la hacen incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte.

“La Corte tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública, a costa de la seguridad ciudadana. Esta ley contiene conceptos vagos e imprecisos y faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control”, indicaron.

El colectivo afirmó  compartir la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país.