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Un tribunal federal declaró que sí existe imposibilidad jurídica para crear la comisión de la verdad para investigar el caso Iguala, tal y como argumentó la Procuraduría General de la República (PGR), decisión que fue rechazada por organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y el Centro Prodh, que representa a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
El magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito emitió sentencia en el Incidente de Imposibilidad Real, Jurídica y Material promovido por la PGR en el juicio de amparo de Patricio Reyes Landa El Pato, identificado como supuesto sicario de Guerreros Unidos que habría participado en la desaparición de los estudiantes.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad sobre el caso Iguala y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, indicó el magistrado.
Es decir, reconoció que el Ministerio Público es el que tiene facultad exclusiva para investigar y perseguir delitos, por lo que las atribuciones contenidas en la sentencia que ordena la creación de la comisión, vulneran la naturaleza jurídica de la autoridad investigadora.
Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las víctimas, afirmó que con la resolución del tercer tribunal se “atenta contra la verdad y la justicia” que buscan los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
“Me parece que con esta estrategia el gobierno federal termina por descararse y por confesar, desde luego que no quieren una comisión de investigación extraordinaria para el caso Ayotzinapa porque saben que su teoría fracasó, no representa la verdad y en una investigación a fondo tendrían que develar distintas ilegalidades en las que han incurrido”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, dijo que “el gobierno federal ha hecho todo lo posible por obstaculizar la creación de una comisión de investigación especial para el caso Ayotzinapa, ordenada por un tribunal federal”.
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