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El ministro Javier Laynez Potisek reconoció que los juzgadores del mundo daban por hecho que el marcar límites al poder político era una tarea inevitable y propia de los Tribunales Constitucionales, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero cada vez más les incomoda esa tarea a los políticos, dijo.
Durante su participación en el primer día del Encuentro de Presidentes de Tribunales Constitucionales de América Latina, que arrancó este lunes en Brasil, el ministro de la Corte mexicana destacó que no corresponde al Poder Judicial el éxito o fracaso de las políticas de un gobierno, sino solo salvaguardar los derechos de la población frente a esas políticas.
“Algo que dábamos como un hecho ya, no sujeto a objeto de discusión alguna; hoy en día cada vez molesta más al poder político, precisamente esto que nos corresponde a nosotros (los juzgadores): el poner límites al ejercicio en ese tipo de políticas públicas”, dijo en una mesa de debate.
Laynez Potisek destacó que los ministros de Tribunales Constitucionales son los garantes del sistema de pesos y contrapesos, lo que calificó como un “requisito ineludible de un régimen democrático”; además de eso, dijo que son “garantes de los derechos humanos previstos en nuestras constituciones y en las convenciones internacionales”.
“No somos nosotros los que diseñamos las políticas públicas; tampoco nos corresponde la ejecución de las políticas públicas; en estos temas, por ejemplo, nuestra visión es muy clara, conforme a nuestras constituciones y, sobre todo, también a los tratados y convenciones internacionales de los que formamos parte”.
“Sin embargo, debido a través del ejercicio de estos deberes constitucionales y convencionales y como tribunales constitucionales, cada vez somos percibidos, para bien o para mal, justa o injustamente, como corresponsables del éxito o fracaso de estas políticas”, subrayó.
Se cuestiona cada vez más a los ministros: Laynez Potisek
El ministro Laynez también reconoció que desde la misma ciudadanía, ahora, se cuestiona cada vez más el ejercicio de los juzgadores. Pues la presión social ha llevado a varios a tener que explicar sus sentencias que no son populares, efecto que ha tocado también las sillas de los ministros de la Corte.
“Se cuestiona cada vez más –desde mi punto de vista– a las ministras, a los ministros, magistradas y magistrados que permanezcamos en nuestra especie de Olimpo judicial, muchas veces alejados de la ciudadanía. Decía mi colega de Ecuador, efectivamente siempre aprendimos desde la facultad que el juez habla por sus sentencias y hoy vemos, pues, que ya no es tan exacto”, dijo.
Laynez destacó que esto ocurre más en “contextos políticos que nos son adversos a los tribunales constitucionales”, precisamente, por las críticas que se hacen frente a la ciudadanía desde el poder político y en contra del Poder Judicial.
Reconoció que la existencia del canal judicial, con sesiones televisadas y audiencias públicas no ha sido suficiente para dar a conocer la labor de los juzgadores, en este caso, de los ministros de la Suprema Corte. Aunque sí han ayudado a dar transparencia y a que la gente los conozca, dijo.
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Laynez Potisek destacó la relevancia del diálogo entre las naciones, a través de encuentros en los que participen representantes de diferentes naciones, porque permite conocer los problemas de la región, y aprovechar que en América Latina se tienen problemas comunes.
El Encuentro de presidentes de Tribunales Constitucionales de América Latina, que se celebra en Brasil este lunes y martes, tiene como objetivo fomentar el diálogo, la reflexión y el intercambio de experiencias entre los tribunales constitucionales de la región.
Este foro se organiza anualmente desde 1993, reúne a jueces y magistrados constitucionales de la región para discutir y reflexionar sobre los desafíos de la justicia constitucional. Durante este encuentro regional se presentarán los desafíos más actuales para los tribunales constitucionales, incluyendo la integración jurisprudencial en el continente.
En el evento inaugural participaron representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de los tribunales supremos de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
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