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La decisión de eliminar al Inai y trasladar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), echará al traste casi 25 años de que el organismo autónomo garantizó el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales de los mexicanos.
Así coinciden las expresidentas del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) —ahora Inai—, María Marván Laborde y Jacqueline Peschard Mariscal.
Marván advirtió que las facultades constitucionales del organismo garante se verán disminuidas una vez que las asuma la hoy SFP o Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
“Lo que sabemos es que sólo podrá ser autoridad para la Administración Pública Federal, con el agravante que ni siquiera es regresar al estatus quo de 2002-2003 cuando nace el Ifai como un organismo descentralizado, no sectorizado”, lamentó.
La experta en materia de transparencia y rendición de cuentas explicó que estos derechos estarán supeditados a la voluntad de la secretaria Raquel Buenrostro o quien sea titular de la nueva dependencia.
Peschard advirtió que con los cambios propuestos los ciudadanos vamos a perder 25 años de garantizar el acceso a la información “con todos los errores y con todas las faltas que existen”, porque sigue habiendo muchas resistencias de parte de las entidades públicas para entregar información.
“Pero lo que nosotros teníamos ya garantizado, las fórmulas y procedimientos para acceder a la información, conocer cómo se gastan los recursos, qué hacen cierto tipo de políticos, qué están haciendo los gobiernos, para ver cómo se cambian y se reorientan los presupuestos sin que la Cámara de Diputados lo autorice.
“Los servicios que ofrecen las distintas dependencias de entidades, sobre lo que nosotros podemos beneficiarnos de algunas ayudas, de programas sociales… y lo más importante, a dónde va el recurso público, lo vamos a perder porque quien va a decidir qué información se da es el mismo gobierno. Es decir, el gobierno es el que está obligado a dar la información y es el que va a estar garantizando la información”, dijo.
El pasado 5 de febrero el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso la desaparición de siete organismos autónomos como el Inai, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre otros, para reducir el gasto público, pero sus funciones serán asumidas por otras dependencias.
Luego de los esfuerzos de comisionados del Inai con la Secretaría de Gobernación para tratar de mantener al organismo autónomo, el 30 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante al señalar que “no tiene ningún sentido que permanezca” el instituto.
El proyecto de dictamen señala que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales serán asumidos por la SFP, el órgano de control y disciplina del Poder Judicial y los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos y las contralorías del Congreso de la Unión en sus respectivos ámbitos de competencia.
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“Por lo que hace a los partidos políticos, se trasladará la tutela al INE; a los sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y al Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje en atención a sus apartados en lo que se refiere”, indica.
La excomisionada María Marván recordó que el Ifai nació gracias a un fuerte impulso de organizaciones de la sociedad civil —entre ellas el Grupo Oaxaca— y a la promesa cumplida del expresidente Vicente Fox en el año 2000.
Destacó que en otros países no se requiere un órgano de transparencia por sus leyes y costumbres, y porque cuentan con un Poder Judicial fuerte que ha ordenado a las instituciones públicas que se entregue información. “El más claro ejemplo es Estados Unidos, donde cualquier persona puede recurrir a un juez para pedirle que entregue información. Así nace la primera ley llamada ‘Freedom of Information Act’, a partir de que un ciudadano le pregunta al Pentágono y al Departamento de Estado cuál es la situación de la guerra de Vietnam y que si van a ganar o a perder la guerra porque ya se cansaron de estar enviando a sus hijos y que les regresen féretros. Este se negó y recurrió a un juez”, resaltó.
Peschard lamentó que en México sigue habiendo una cultura de la desconfianza, por ello, insistió, “no podemos obviar” la existencia de organismos garantes de acceso a la información y protección de datos.
“No podemos decir que lo que quiere ahora el gobierno o la Presidenta es bueno, pues para qué queremos un organismo garante sí hay el compromiso de todas las dependencias de entregar la información. Pues sí, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace”.
Marván Laborde consideró que el modelo previsto por la reforma del Ejecutivo provocará una “relación incestuosa”, es decir, un ciudadano le va a pedir información a la Administración Pública Federal que Sheinbaum encabeza, y el funcionario le va a decir al ciudadano: no tienes derecho, y un magistrado o un Tribunal Administrativo —nombrados por la Presidenta— les va a decir: ya te dije, no tienes derecho, esa va a ser la relación”.
El proyecto señala que las economías que se generen por la eliminación de los organismos autónomos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar y Sheinbaum ha indicado que buscará que ese presupuesto se destine a becas para escuelas, porque el Inai no combate la corrupción.
Marván recordó que el Instituto no nació para combatir la corrupción y si eso piensa la Presidenta es que nunca leyó ni la ley ni los motivos de la ley. “Claro que es mejor usarlo [los recursos] en escuelas, sí, sí se necesita presupuesto en escuelas; también es mejor Jóvenes Construyendo Futuro en escuelas y utilizar la pensión universal en quimioterapias para niños. Es decir, el presupuesto siempre es finito. Es un falso debate el que está planteando la Presidenta para justificar una decisión que sin lugar a dudas disminuye los derechos de los mexicanos”.
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Peschard consideró que esa narrativa es porque se desconoce lo que hace el Inai y se dice que “simplemente no sirve para nada, hay que eliminarlo y usamos el dinero para otra cosa”.
Pero la académica de la UNAM cuestionó: “¿Sin el Inai, quién nos va a garantizar que esos recursos vayan a la educación?, porque si no va a haber información, menos vamos a llegar al combate a la corrupción. “Entonces una falacia; si uno ve la propuesta de reforma, lo único que quieren es reducir y simplificar… no se van a ahorrar mil millones porque la SFP va a tener que desarrollar un área encargada de las solicitudes de información y de las plataformas de transparencia y de todo, salvo que vayan a eliminar todo”, explicó.
Súper agencia
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene lista una propuesta de reserva en el marco de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, con la que se creará una “superagencia antimonopolios” con dientes para vigilar y sancionar a empresas que abusen del mercado y de los consumidores, que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
