
Expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU cuestionaron al Estado Mexicano por los desalentadores resultados en materia de violencia feminicida, matrimonio forzado, desapariciones, trata de niñas y mujeres.
También reprocharon la creciente militarización de la seguridad pública, la primera elección judicial y la reforma para eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante esto, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández Mora afirmó que no hay militarización en el país, como insinúan organismos internacionales: “La jefa de las Fuerzas Armadas en México es la presidenta de la República y es una civil. Hubo la construcción de una nueva policía nacional, que es la Guardia Nacional, que en efecto ha sido capacitada y ha estado acompañada por la Sedena que integra las Fuerzas Armadas”.
Al decir que para pacificar México se opta por la atención a las causas y el combate a la impunidad, destacó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, calificó como “fundamental” la reforma al Poder Judicial y aseguró que la secretaría de las Mujeres trabaja con tribunales y fiscalías.
Respecto a la eliminación del INAI, la directora de Derechos Humanos y Democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Jennifer Feller defendió que la reforma mantiene los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, preserva el marco restringido de excepción, asegura la continuidad de los mecanismos de impugnación, garantizando el derecho a la información a través de los procedimientos claros y efectivo.
Durante dos horas de cuestionamientos, autoridades federales trataron de responder a cada uno, sin embargo, todo el Comité retomó informes realizados por organizaciones civiles, las cuales evidenciaron fallas en la obtención de justicia para mujeres y la criminalización a migrantes, periodistas, defensoras de derechos humanos, entre otras.
Lamentaron que hasta la fecha no hay información sobre número de denuncias, casos judicializados ni condenas en casos de tortura sexual, víctimas (niñas y niños) en el marco de la violencia contra sus madres o violencia vicaria. Tampoco sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, lesbianas y sexuales, transgénero y mujeres con con discapacidad.
“No hay datos estadísticos desagregados sobre niñas y mujeres desaparecidas, localizadas o casos desactivados por desapariciones ni sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas ni información sobre denuncias y sanciones contra funcionarios públicos por acciones u omisiones”, reprocharon.
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Asimismo, en la sustentación del X Informe de México ante el Comité CEDAW, señalaron la falta de preparación en género e interseccionalidad en la formación universitaria de abogados y abogadas, de profesionales de la comunicación, así como del personal que atiende a solicitantes de asilo que a menudo han sufrido violencia.
Al cuestionar a las autoridades respecto a la formación de los nuevos integrantes del Poder Judicial, México se limitó a responder que existe protocolo para juzgar casos con perspectiva de género y dos manuales, uno de ellos específico para juzgar casos de trata.
Así, la senadora y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena; Sayuri Herrera exfiscal de Feminicidios de la Ciudad de México e Ingrid Gómez, subsecretaria de las Mujeres, defendieron las estrategias del Estado, las cuales no han podido enmendar las 10 mujeres asesinadas por día, ni dar respuesta a las 29 mil desaparecidas y no localizadas.
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Aunque las especialistas celebraron la llegada de la primera mujer presidenta en México y el avance legislativo para sancionar la violencia de género, cuestionaron el impacto desproporcionado en las mujeres de la prisión preventiva oficiosa que se ha incrementado en el número de delitos en los últimos años.
En la comparecencia se recordó que desde 2019 se han denunciado retrocesos en la autonomía, capacidad técnica e interlocución con la sociedad civil en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) no funge como sancionador para garantizar la justicia a víctimas.
“La CNDH es un organismo público autónomo del Estado mexicano encargado de defender, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos. Ejerce una función crítica y proactiva en materia de igualdad de género, atiende, investiga y emite recomendaciones por violaciones a derechos humanos. Tiene recomendaciones generales centradas en violencia feminicida, falta de acceso a la justicia con perspectiva de género, entre otros temas relevantes”, defendió Jennifer Feller.
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Al revisar artículos clave de la propia CEDAW, las expertas pidieron datos estadísticos respecto a la distribución del presupuesto de la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias. Reprocharon la inaccesibilidad de refugios y otros servicios para mujeres con discapacidad y la reducción del presupuesto de algunos de esos servicios como los Centros de Justicia, entre otros.
Durante su intervención inicial, Citlalli Hernández destacó que de 2019 a 2024, la brecha salarial de género se redujo en 29% a nivel local: en los municipios en los que residen las mujeres más pobres, se logró reducir hasta en 66%. En 2025, con el incremento del 12% al salario mínimo, se beneficiarán 8.5 millones de personas trabajadoras, de las cuales 41% son mujeres.
Definió la Cartilla de los Derechos de las Mujeres como una herramienta de máxima promoción de la igualdad entre hombres y mujeres que promueven en escuelas, clínicas de salud y asambleas comunitarias.
“Somos un Estado con vocación cuidadora y, de manera decidida, queremos construir una sociedad que reorganice la vida social y económica colocando el cuidado de las personas, la vida y el medio ambiente en el centro de las prioridades colectivas. Reconocemos los cuidados como una necesidad, como un trabajo y como un derecho humano, y reconocemos también la distribución desigual entre hombres y mujeres en dichas labores”, dijo.
En el marco de este Sistema Nacional y Progresivo de cuidados, informó sobre la construcción de los primeros 12 de los 200 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil, en todo el territorio nacional, empezando de manera prioritaria en las zonas de alta vulnerabilidad, como son las maquiladoras de la frontera norte de México o aquellas que concentran en las jornaleras agrícolas.
Y presumió que México ya superó la paridad de género en cargos políticos, al obligar a que tanto la titularidad como la suplencia las candidaturas sean mujeres. Actualmente hay mayoría de mujeres en el Senado de la República y la mitad de mujeres y mitad de hombres en la Cámara de Diputados.
“Hoy es el momento en el que más mujeres están gobernando de las 32 entidades de la república, si no me equivoco, 19. El gobierno federal, su gabinete es paritario, los gobiernos estatales también y donde México tiene un próximo reto es en el ámbito municipal”, explicó Hernández Mora.
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