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Al menos 820 magistrados de Circuito y jueces de Distrito del país solicitaron la intervención "urgente" del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los graves daños a sus derechos humanos que dijeron podría causarles la reforma judicial, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
De manera concreta, los juzgadores pidieron al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y a la CIDH que, en el marco de sus respectivos mandatos, pidan a México que suspenda el trámite legislativo de la propuesta judicial o, en su caso, se suspenda su ejecución.
Indicaron que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es abierta y notoriamente violatoria de los derechos humanos reconocidos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que son tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano.
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En este marco, los magistrados y jueces advirtieron que defenderán, por todos los medios a su alcance, la democracia, el Estado de derecho y la división de poderes que "en México se están viendo gravemente dañados por la postura claramente antidemocrática de la fuerza política que se hizo del poder".
Los juzgadores señalaron que en los últimos días se ha acelerado el embate contra el Poder Judicial de la Federación, al grado de que por privarlo de su independencia prácticamente lo desaparecerán.
"Esta es una ruptura del orden democrático que se traduce en un golpe de Estado. Más allá de posturas ideológicas, lo que está en juego es la estabilidad democrática, jurídica, política y económica de nuestro país. La gravedad y urgencia de esta situación está claramente acreditada en los escritos que presentamos ante los referidos organismos internacionales, así como la irreparabilidad de los daños que sobrevendrán inevitablemente con la sola aprobación de esta reforma, los cuales se verán multiplicados exponencialmente con su implementación", señalaron.
Consideraron que aún no es tarde para que el Senado de la República, por sí mismo y en el marco de su legítima función, frene la reforma que "es claramente violatoria de derechos humanos y que generará enormes e irreversibles daños en nuestra ya de por sí frágil democracia, pero también afectará irremediablemente nuestra posición económica ante el mundo y que traerá condenas internacionales y descrédito para nuestra Nación".
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