Reforma a Ley de Amparo es un grave retroceso, señala Coparmex; pide a diputados corregirla

La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República, representa un grave retroceso, en un momento decisivo para la justicia constitucional en México, expresó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Reconocemos los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias. Sin embargo, advertimos que persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo”, advirtió.

Mencionó que el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional.

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“Gracias a él, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. Por ello, cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo”, agregó.

Aseguró que la reforma a la Ley de Amparo dejará sin representación a comunidades, organizaciones y empresas que históricamente han utilizado el amparo para defender causas sociales, ambientales y de salud pública.

Calificó como grave grave que en la sesión plenaria se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite.

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“Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos”, aseguró.

El organismo patronal hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esa reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo.

“México necesita preservar un juicio de amparo sólido, accesible y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos, garantizar el Estado de Derecho y sostener la confianza en nuestras instituciones. Solo así podremos asegurar la justicia, la inversión y el desarrollo económico de nuestro país”, mencionó.

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