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La Cámara de Diputados recibió de manera formal las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para crear la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
En la exposición de motivos de ambos proyectos, se señala que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, impulsada por la presidenta de México, y coordinada por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, presentada en el mes de octubre de 2024, está integrada por cuatro ejes: 1) Atención a las causas, 2) Consolidación de la Guardia Nacional, 3) Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y 4) Coordinación entre las instituciones del gabinete de seguridad y con los tres órdenes de gobierno.
En ese contexto, se puntualiza, “con el fin de sentar las bases para diseñar y ejecutar las políticas y estrategias derivadas de cada uno de los cuatro ejes, encaminados en su conjunto a prevenir, investigar y combatir los hechos delictivos y la impunidad en el país”.
Agrega que durante los últimos seis años, “se reconoció por primera vez que, para combatir la violencia, no bastaba con combatir al crimen organizado utilizando únicamente la fuerza del Estado”, sino que era necesario entender la seguridad pública desde un enfoque integral que abordara las diversas causas sociales que la originan.
Por ello, se indica en ambas propuestas, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública correspondiente a los años 2018 a 2024, además de contar con el trabajo y despliegue operativo de la Guardia Nacional (GN) para abordar la creciente violencia, adoptó una visión social transversal.
Por lo anterior, se indica, es necesaria la emisión de ambas leyes, “a efecto de que se establezca un marco jurídico que regule la obtención, análisis y uso de información para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública a fin de que el Estado mexicano cuente con herramientas que le permitan combatir la delincuencia”.
Las reformas, se asegura, también permitirán “establecer las bases y los principios para la organización y funcionamiento del Sistema; las atribuciones, los procesos de control; y los mecanismos de coordinación con la Guardia Nacional, así como con las demás instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno y demás entes contemplados. Con ello se busca que la información sea recabada, compilada y procesada en tiempo real, previo análisis y diseño de estrategias, a fin de lograr un mejor cumplimiento de los fines de la seguridad pública y del proceso penal”.
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