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El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito ratificó la sentencia para obligar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena, hoy Defensa) a desclasificar y entregar las versiones públicas de los contratos del spyware Pegasus.
Esto, a cuatro años, de que la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) promovió un amparo contra el incumplimiento de la entrega de los acuerdos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados a dicho sistema.
"Hay una deuda histórica, el uso de Pegasus se remonta a sexenios pasados. Celebramos la decisión que tomó el Tribunal, además se refutó el argumento a la Sedena, que decía que era imposible transparentar esta información y se le reiteró, que ya se excedió el plazo que tenían para presentar estos contratos y que entraron en desacato de la orden del (extinto) Inai", dijo José Flores de R3D en entrevista para el EL UNIVERSAL.
Contó que han pasado cuatro años peleando para que la ciudadanía conozca, examine y discuta las contrataciones, pues para la organización es importante, ya que según señala, el gobierno tiene una fuerte narrativa sobre que las medidas tecnológicas no son usadas para espiar.
El activista considera que esta decisión judicial es una oportunidad para que el gobierno federal amplié las facultades de transparencia. "Creo que se puede demostrar mucha voluntad política, haciendo entrega de estos contratos. La presidenta (Claudia Sheinbum) va a presentar un decreto impulsando mayor transparencia y pues digo, qué mejor momento que este para demostrar que ese decreto pues van a ser más que palabras", sostuvo Flores.
"Ejército Espía"
El caso inició en 2022, cuando R3D publicó una investigación periodística llamada "Ejército Espía", en la que documentó el uso ilegal del programa Pegasus por la entonces Sedena, para intervenir teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos en México.
Con esta, se reveló que había al menos dos contrataciones ((DN-10 SAIT-1975/P/2019 y DN-10 SAIT-1938/P/2018) para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, por más de 140 millones de pesos, que habían sido previamente negadas por la Sedena en solicitudes de acceso a la información.
Inai ordena entregar contratos de Pegasus
Para enero de 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría entregar los contratos públicos, pero en 2024, pero la Sedena reservó en su totalidad y desacató la orden del Inai.
Por lo que R3D interpuso una demanda de amparo, que fue concedida por el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en 2024.
Sin embargo, la Sedena promovió un recurso de revisión para impugnar la sentencia, bajo argumentos procesales y la “imposibilidad de proporcionar versión pública sobre la información clasificada en su totalidad como reservada”.
Por lo que, el asunto fue analizado por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que desestimó los argumentos de la Sedena y advirtió que la información pública relativa a los contratos debe ser entregada.
R3D está en el espera que de las Fuerzas Armadas cumplan con el mandato judicial, ya que tras la notificación, comienza a correr el plazo para que transparenten la información.
"Gobierno Espía"
En 2017, R3D junto a Artículo 19, documentaron 76 intentos de infección del malware Pegasus en contra de periodista y defensores de derechos humanos, estos ataques ocurrieron entre enero de 2015 y julio de 2016.
La investigación reveló el uso de Pegasus por la entonces, Procuraduría General de la República (PGR), de este spyware, e identificó a otras dependencias, incluyendo la Sedena que habían tenido acceso a ésta.
José Flores recordó que la Presidencia de la Comisión del Caso Ayotzinapa identificó el uso de Pegasus para espiar las comunicaciones relacionadas con la desaparición forzada.
"Empezando por Calderón que fueron las primeras adquisiciones de Pegasus, pasando por Peña Nieto y culminando en el sexenio de López Obrador, donde se han identificado el poder transexenal que tiene las Fuerzas Armadas en el ejercicio de actividades ilegales de vigilancia", explicó el investigador.
Además, Flores señaló que aunque en este sexenio no han identificado uso de Pegasus, esta herramienta y muchas otras, permanecen en el arsenal del Ejército para averiguar información con el argumento de la seguridad nacional y así evitar el escrutinio público y la rendición de cuentas.
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bmc
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