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Dirigentes y legisladores del PVEM buscan replicar a nivel federal la iniciativa de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, que sanciona hasta con 25 años de cárcel prisión a cualquier persona que sin autorización legal auxilie, coopere, consienta o participe en esta o cualquier actividad relacionada con la tala de árboles.
Ello ante el aumento de la tala inmoderada en el país y principalmente en entidades como los estados de México, Morelos, Michoacán, Chiapas y Chihuahua, entre otros e incluso en la zona boscosa de la Ciudad de México.
La reforma que impulsan legisladores del PVEM, sumada la de la mandataria mexiquense, incluye la presentada en el Congreso del estado de México donde se aumentan las penas a taladores, pero se salvaguarda a las y los adultos mayores que puedan verse influenciados para cometer dichos delitos por algún tercero.
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José Alberto Couttolenc, dirigente del PVEM en el Estado de México, consideró urgente que este tipo de reformas se legislen a nivel federal al exponer que se requieren accionemos desde todos los niveles para salvaguardar y asegurar la conservación de nuestros bosques pues son el refugio de más de tres mil 500 especies de plantas y árboles.
En los argumentos del PVEM se expone que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) informó que en el Estado existen 53 zonas ecológicas afectadas por delitos ambientales entre los que se incluye la tala ilegal y en 5 regiones de la entidad existen índices severos de deforestación clandestina.
Dentro de las reformas se incluyen la adición a las personas adultas mayores como sector vulnerable al ser incitados o controlados por terceras personas para cometer delitos contra los bosques y montes, incrementar la pena a, de 12 a 15 años de prisión, para quienes usen instrumentos para destruir los bosques o montes, incluyendo a servidores públicos involucrados en el delito.
La diputada Vanessa Linares señaló que “la tala ilegal no solo destruye la biodiversidad, sino que también pone en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural de la zona”.
kicp
