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Xalapa, Ver.— La detención y posterior imposición de la medida cautelar de un año de prisión preventiva contra la jueza veracruzana Angélica Sánchez, detenida en la Ciudad de México el pasado viernes y acusada de los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, generó encontronazos entre el gobierno estatal, organizaciones de abogados y juzgadores.
El sector oficial defendió la detención con el argumento de que pretendió beneficiar a un presunto delincuente, mientras diversas organizaciones, en un escrito, denunciaron una persecución contra los jueces.
Ayer, 22 organizaciones de abogados y 14 personas, entre ellas el ministro en retiro José Ramón Cossío, calificaron como arbitraria la aprehensión de la jueza; consideraron que se trata de ataques a la independencia judicial y exigieron justicia independiente y libre.
“Si bien este hecho es particularmente indignante, no hace más que sumarse a una cadena de actos, mensajes y gestos que pueden calificarse como ataques a la independencia judicial que hemos atestiguado en los últimos meses, desde las manifestaciones en apoyo al Presidente de la República, en las que se quemó un muñeco con el rostro de la ministra presidenta Norma Piña, hasta las marchas para denunciar la corrupción en el Poder Judicial y en la Suprema Corte con ataúdes con la imagen de la ministra presidenta y del ministro Pérez Dayán incluidos, pasando por la descalificación continua en las conferencias matutinas del Titular del Ejecutivo”, indica el texto.
En el documento se exigió “que se respeten los derechos humanos de la jueza [Angélica Sánchez], sobre todo su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso. Que cese la violencia institucional en contra de la jueza Sánchez y se asegure la integridad de ella y su familia. Que se respete el trabajo de todos los miembros de la Judicatura en el esquema de pesos y contrapesos que prevé el sistema democrático. Que el Poder Ejecutivo federal y los estatales respeten el principio de independencia judicial”.
La aprehensión de la jueza ha sido el punto más álgido desde hace más de una semana, cuando los abogados y familiares del empresario Itiel “N”, acusado de estar presuntamente relacionado con el asesinato de tres personas, entre ellas el diputado local priista Juan Carlos Molina, emprendieron una intensa campaña para denunciar supuestas irregularidades en su caso y buscar obtener su libertad.
A la jueza, las autoridades ministeriales la señalan de haber pretendido liberar de manera indebida a Itiel “N”.
El viernes, tras ser aprehendida en la capital del país, Sánchez Hernández fue puesta a disposición del juez de Control, quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año, luego de que la fiscalía veracruzana la señaló como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia.
La audiencia de posible vinculación a proceso se llevará a cabo el miércoles 21 de junio, debido a que Angélica “N” se acogió a la duplicidad del término constitucional.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que la jueza fue detenida porque tenía carpetas de investigación abiertas en su contra y consideró necesario que se aclare el asunto.
“Yo he insistido en que se tiene que investigar, se tiene que llamar a cuentas a la jueza, respetando derechos y hoy fue detenida porque tiene carpetas abiertas, nada más que ella se había dado a la fuga”, aseguró.
