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El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (PVEM) propuso reformar los artículos 59, 91 y 100 de la Constitución para establecer la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a diputados federales, senadores, secretarios de Estado, magistrados y jueces.
“Se pretende garantizar que quienes desempeñen cargos de elección popular lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”, señala la iniciativa.
El diputado del Partido Verde señaló que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias sicoactivas puede afectar gravemente la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo de los funcionarios públicos.
“A fin de garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública se hace necesario la obligatoriedad de exámenes toxicológicos anuales para los servidores públicos de los Poderes de la Unión”, se especifica en el proyecto.
Aseguró que los exámenes toxicológicos a los servidores públicos no son recientes, porque se realizan en entidades federativas y ayuntamientos, y están establecidos a nivel constitucional, legal o en reglamentos y disposiciones administrativas.
Canturosas Villarreal propuso realizar los exámenes de detección de drogas a los legisladores, en el ejercicio de su mandato, y al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.
En el caso de los secretarios de Estado, aplicar el examen toxicológico cada año, igual que a los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, durante el tiempo que dure su ejercicio.
En el año 2007, la bancada del PRI de la Cámara de Diputados solicitó al gobierno federal que se hicieran exámenes toxicológicos a todos los funcionarios federales, “ante las sospechas de infiltración de los cárteles del narcotráfico en las instituciones públicas, incluidos los de representación popular, como diputados, senadores, asambleístas, diputados locales y presidentes municipales, entre otros”.
En la 62 Legislatura del Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa que propuso hacer obligatoria la prueba antidoping para los cargos de elección popular. Y en la Legislatura pasada, la 65, el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados planteó una reforma para obligar un examen toxicológico para todos los cargos de elección popular.
El examen toxicológico o examen de detección de drogas consiste en la toma de muestras de tejidos o fluidos corporales humanos, convencionalmente, de orina o sangre, y con menos frecuencia de sudor, saliva o cabello, que son sometidas a análisis químico para identificar la presencia de una droga ilícita o de uno de los metabolitos que se originan de ésta.
