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Al descubrir que sus familiares no fueron incluidos o han sido borrados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDN), madres buscadoras del norte del país promovieron amparos para evitar que sus familiares sean invisibilizados en las bases de datos del gobierno federal.
Tras documentar 122 casos de personas desaparecidas que fueron borradas del registro, el Colectivo 10 de Marzo, de Reynosa, Tamaulipas, inició los procesos legales para que sus familiares se incluyan en listados oficiales, pues aunque cuentan con reportes de búsqueda y denuncias ante la fiscalía local no fueron considerados.
Hasta ahora, son más de 70 víctimas que no se hallan en el sistema. Por ello, Delia Quiroa, fundadora del colectivo, promovió esta iniciativa, pues su hermano Roberto, secuestrado por el Cártel del Golfo en 2014, tampoco aparece en los registros pese a que la policía de Reynosa cuenta con los reportes de desaparición forzada.
Quiroa informó que gracias a este trámite se han concedido 70 suspensiones para que los desaparecidos no sean eliminados de la base de datos.
El 28 de diciembre, un día después de que la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, aclarara el manejo de cifras en la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada que presentó el 14 de diciembre, Quiroa denunció que cientos de familiares de personas desaparecidas recurrieron a ella para denunciar que sus seres queridos no fueron considerados en el sistema.
Apuntó que la “desaparición de los desaparecidos” constituye violencia institucional al revictimizar a las familias, por lo que llamó al gobierno federal a mejorar su metodología.
