Organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y Seguridad sin Guerra aseguraron que la prisión preventiva oficiosa (PPO) es una grave violación a los derechos humanos, vulnera los derechos de toda persona a la presunción de inocencia, la independencia judicial, el derecho a la defensa y a no ser privada arbitrariamente de la libertad.
"Las organizaciones sociales hemos demostrado que la PPO que se aplica en México desde 1993, es una grave amenaza para el principio de presunción de inocencia y para la libertad personal.
"En numerosas ocasiones organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, ha señalado que la prisión preventiva oficiosa o automática es una forma de detención que no respeta los derechos de debido proceso legal y por tanto es arbitraria", destacaron.
Señalaron que las ONG, han identificado que la PPO afecta principalmente a personas de escasos recursos, marginalizadas, jóvenes, racializadas, que habitan en zonas periféricas de la metrópoli o de zonas empobrecidas.
En una carta abierta, argumentaron que ni la PPO ni la militarización de la seguridad pública han servido para frenar la impunidad ni la incidencia delictiva.
Precisaron que en días recientes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe relacionado con la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y un pronunciamiento sobre la ampliación del catálogo de delitos que ameritan PPO.
Aseguraron que los documentos ofrecen una visión parcial de esos temas, omiten información de contexto fundamental y son omisos en mencionar las obligaciones que tiene el Estado mexicano con el sistema internacional e interamericano de derechos humanos.
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"El comunicado de la CNDH omite referirse a la prisión preventiva oficiosa, y solamente se refiere a la prisión preventiva justificada. En el comunicado a la CNDH afirma que 'la reforma del artículo 19 permite al Ministerio Público solicitar al juez la prisión preventiva', cuando eso es la prisión preventiva justificada.
"Lo que no dice es que la reforma al artículo 19 no se refiere a eso, sino que obliga al juez a ordenar la prisión preventiva de manera automática e injustificada para una cada vez más larga lista de delitos, lo que el comunicado del CNDH omite mencionar.
"Esta omisión no puede considerarse un 'error' o 'negligencia' por parte de la CNDH, sino una deliberada abstención de informar lo que en realidad significa la reforma constitucional respectiva", resaltaron.
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Indicaron que el Informe Especial sobre la Incursión de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, Prevención y Cultura de la Paz, elaborado por la CNDH, justifica la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y dista mucho de ser una evaluación imparcial sobre la forma en que esa intervención ocurre.
"Su definición de la militarización es inconsistente y sesgada. Omite señalar que en México se vive un proceso de militarismo en el que el Estado ha dado autoridad a las fuerzas armadas para atender los problemas de seguridad pública privilegiando tácticas y armas de guerra", refirieron.
Externaron que desde diversos foros, las ONG han insistido al Estado mexicano que la militarización de la seguridad pública no es el camino. Que la seguridad pública debe tener como centro a las personas y sus derechos humanos; que la criminalidad y la violencia deben abordarse con políticas de seguridad ciudadana.
"Hemos reiterado la urgencia de fortalecer a las corporaciones policiacas con recursos técnicos, capacitación adecuada y suficiente y dotarlas del equipamiento necesario para que cumplan su labor de manera eficaz, eficiente y profesional, para que garanticen la seguridad y la vida de todas las personas", mencionaron.
Añadieron que en reiteradas ocasiones han señalado que las fiscalías carecen de personal debidamente capacitado; no inspeccionan correctamente los lugares donde ocurren los hechos; tampoco resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; además de que no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios y muchos menos aplican los protocolos de investigación de manera correcta, como en los casos de feminicidio.
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Advirtieron que paralelo al mejoramiento de las fiscalías se debe fortalecer a las policías, además de aplicar medidas de prevención de la violencia. Sólo así, cerrando ese círculo, podremos empezar a hablar de una disminución de la impunidad en los delitos, así como de la incidencia delictiva.
Las ONG instaron a la CNDH a hacer propuestas constructivas hacia la mejor vigencia de los derechos humanos en México y hacer valer el espíritu con el que esa institución fue creada en 1990.
"Hacemos también un nuevo llamado al Estado mexicano a elevar el nivel del diálogo, a que tienda puentes que permitan a las personas de la academia, a las personas expertas, exponerle nuestro conocimiento y experiencia para contribuir a la consolidación del sistema de derechos humanos en México", agregaron.
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