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Senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma penal que establece penas de hasta 60 años de prisión a quien financie, opere u ordene la operación de campos de exterminio en el país, así como a quien reclute personas por medios de redes sociales o se aproveche de que son menores de edad o de su condición económica.
Durante la sesión ordinaria el senador Teodomiro Ortega presentó la iniciativa que fue turnada a comisiones para su análisis en donde se proponen reformas al Código Penal Federal en materia de exterminio y reclutamiento forzado.
Se impondrá pena de veinte a cuarenta años de prisión y multa de tres mil a cinco mil días de salario mínimo a quien, con cualquier grado de participación, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de un campo de exterminio o adiestramiento del crimen organizado.
Para los efectos de este artículo, se entenderá como campo de exterminio o adiestramiento cualquier sitio destinado a la privación ilegal de la libertad de personas con el propósito de su explotación, tortura o eliminación.
El entrenamiento forzado de personas reclutadas por organizaciones delictivas; la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o cualquier otra forma de exterminio masivo; y la incineración, inhumación clandestina o destrucción de cadáveres para ocultar evidencia del exterminio.
Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad más, es decir 30 y 60 años de cárcel, cuando se acredite la existencia de estructuras de mando y jerarquía dentro del campo de exterminio.
Se utilicen métodos de tortura o esclavitud en las víctimas; se registre la desaparición forzada o asesinato de menores de edad, mujeres, indígenas, migrantes o personas con discapacidad.
Además, se impondrá pena de diez a veinte años de prisión y multa de mil a tres mil días de salario mínimo a quien, por cualquier medio, reclute, obligue, coaccione, incite o induzca a una persona a integrarse o colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado.
Asimismo, se puntualiza que el reclutamiento podrá realizarse por medios físicos, psicológicos, digitales o electrónicos, incluyendo redes sociales, plataformas de mensajería, videojuegos en línea u otros canales tecnológicos utilizados para la captación de personas.
Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad más, es decir 15 y 30 años de prisión, cuando la víctima sea menor de edad, indígena, migrante o persona con discapacidad.
Se utilicen amenazas, violencia física, psicológica o económica para obligar al reclutamiento; se empleen medios de comunicación masivos, electrónicos o digitales para la captación de víctimas o el reclutador ocupe un cargo de autoridad, confianza o liderazgo dentro de la estructura del grupo criminal.
Pide PAN a OEA enviar grupo interdisciplinario que investigue caso Teuchitlán
Tras el hallazgo de fosas clandestinas y restos humanos en el rancho Izaguirre, el senador Marko Cortés Mendoza solicitó de manera formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíen a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), similar al que indagó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para investigar el caso de Teuchitlán, Jalisco.
El legislador del PAN pidió también a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, con base en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se inicien acciones para la colaboración con las autoridades mexicanas, asegurando investigaciones prontas, imparciales y efectivas, se brinde acompañamiento a la familias afectadas con perspectiva de derechos humanos y se exhorte al gobierno mexicano a cumplir con sus compromisos internacionales fortaleciendo los mecanismos de búsqueda e identificación.
En entrevista de medios, Marko Cortés anunció un Punto de Acuerdo para exhortar al gobierno federal que promueva un acuerdo con la OEA y la CIDH, a fin de que se incorpore asistencia técnica con perspectiva de derechos humanos en la investigación.
El senador panista lamentó que haya muestras de insensibilidad de la Fiscalía General de la República, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hacia los familiares de las personas desaparecidas.
Advirtió que las y los senadores de Acción Nacional no serán cómplices ni se quedarán callados, porque están del lado de la verdad y la transparencia.
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