Más Información
El grupo parlamentario del PRI advirtió del preocupante incremento de los delitos de extorsión, particularmente en su modalidad de llamada cruzada o secuestro virtual, donde los delincuentes contactan simultáneamente a dos personas cercanas -como menores y padres- para manipular emocionalmente, generar miedo e inducir pagos inmediatos.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la bancada tricolor pidió al gobierno federal implementar acciones urgentes, al señalar que esta práctica criminal ha sido documentada en entidades como el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
Las y los legisladores priistas resaltaron que la Policía Cibernética ha advertido sobre el uso de tecnologías de suplantación numérica, que permiten a los delincuentes simular llamadas legítimas, mientras que las redes sociales se han convertido en un canal clave para obtener información personal de las víctimas.
Además, esta actividad ilícita provoca un grave daño económico, especialmente en familias y pequeños negocios que bajo amenaza y ante la extorsión entregan recursos, bienes o propiedades, mientras que a nivel institucional, este delito erosiona la confianza ciudadana en las autoridades, genera percepción de impunidad y alimenta redes delictivas que actúan con sofisticación tecnológica y gran capacidad de movilidad.
Piden fortalecer acciones de prevención
Las y los priistas solicitaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional reforzar las acciones de prevención, inteligencia e investigación contra las extorsiones telefónicas, en coordinación con autoridades locales.
“Resulta urgente fortalecer los mecanismos de prevención, respuesta inmediata, investigación criminal y educación digital, así como consolidar una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales, municipales y organismos reguladores”, subraya el punto de acuerdo.
También solicitaron a la Fiscalía General de la República, y a las fiscalías estatales fortalecer la persecución penal del delito de extorsión y garantizar atención efectiva a las víctimas.
Finalmente, exhortaron a las secretarías de Seguridad Pública y autoridades municipales, especialmente de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, implementar campañas de información, líneas de atención inmediata y acciones comunitarias de prevención.
kicp/rmlgv
