Fermín Ordóñez, dirigente estatal del Movimiento Territorial del en Chihuahua, acusó al presidente municipal de , Cruz Pérez Cuéllar, de incurrir en presuntas irregularidades durante su administración, al utilizar bienes públicos para promocionar su imagen con fines electorales anticipados rumbo al proceso de 2027.

Después de reunirse con senadores del a quienes expuso el caso, expuso que el gobierno municipal ha llevado a cabo presuntas donaciones ilegales, en contravención a la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, por lo que pidió a los legisladores solicitar una auditoria especial ante la Auditoria Superior de la Federación.

En entrevista dijo que se han entregado hectáreas de terrenos, ambulancias, camiones recolectores de basura, mobiliario escolar y otros recursos públicos, sin cumplir con los procedimientos legales establecidos.

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Afirmó que estas acciones se han difundido en medios de comunicación y a través de la página oficial del municipio, lo que revela un uso personal y político de los recursos públicos.

El dirigente subrayó que el artículo 50 de la ley mencionada permite donaciones únicamente cuando los bienes han dejado de ser funcionales para la administración, condición que —según sus señalamientos— no se cumple en la mayoría de los casos. Además, recordó que el artículo 53 establece que cualquier remate o donación debe realizarse mediante un procedimiento formal y oneroso, como el remate público, a fin de asegurar transparencia y legalidad.

Ordóñez advirtió que estas prácticas podrían representar una estrategia para comprar votos y voluntades, lo que vulnera los principios de justicia y erosiona la confianza ciudadana.

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Estimó que el daño al patrimonio municipal supera los 15 millones de pesos, y exigió al alcalde Pérez Cuéllar y a sus funcionarios una aclaración inmediata sobre el destino de estos recursos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes, incluyendo a las fiscalías anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación, para que se investiguen estas irregularidades y se sancione a los responsables. "Los juarenses merecen un gobierno que administre los recursos públicos con transparencia y responsabilidad, no uno que los utilice para intereses personales y políticos", concluyó.

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em/bmc

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