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Luego de que se exhibió a jueces que han favorecido la liberación de 100 delincuentes en los últimos meses, la Fiscalía General de la República (FGR) podría imponer denuncias —después de la elección del Poder Judicial— contra jueces, magistrados o ministros salientes que ejercieron de manera incorrecta su cargo.
Así lo informó Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, al detallar que actualmente hay un “acuerdo interno” del Poder Judicial por el que la fiscalía no puede proceder contra un juez, magistrado o ministro a menos de que ellos mismos lo autoricen, pese a haber elementos para proceder penalmente.
“Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. (...) conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro.
“¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”, acusó Gertz Manero.
Aclaró que se trata de casos específicos, “no es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito”, aseveró.
Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, considera que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial permite actuar, en caso de tener pruebas, en las denuncias contra jueces.
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“Ahora, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia por parte del gabinete de seguridad, de una institución del gobierno federal, de un ciudadano, y ahora, a partir de la reforma al Poder Judicial, pues va a ser más fácil porque va a haber una institución que va a poder determinar, incluso frente a un juicio penal, cuál es la actitud del juez”, declaró la titular del Ejecutivo.
No obstante, aclaró que “no basta con decir que hay una actitud sistemática de liberar delincuentes, tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero”, indicó.
Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que de 2024 a mayo de este año se han registrado 193 “alarmantes” determinaciones judiciales por jueces, por lo que 100 delincuentes han regresado a las calles.
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Derivado de ello, se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además, se registraron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso, pese a que Prevención y Reinserción Social de la SSPC consideró estos tras-lados no viables por los delitos con los que se les relaciona.
Omar García Harfuch exhibió a los jueces que han liberado a delincuentes, entre ellos Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, a quien señaló de haber resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados destaca Silvestre Peña Crespo, con cinco resoluciones de traslado entre Ceferesos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos.
De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar encabezan la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.
García Harfuch destacó que de octubre de 2024 a abril de 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa, Del Golfo, CJNG, La Familia Michoacana, Los Zetas, Los Rojos y otros.
“Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”, indicó el secretario.
La Jefa del Ejecutivo federal destacó que con la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio los jueces responderán al pueblo de México y no como sucede ahora, que se liberan delincuentes.
