El Consejo General del INE impuso multas por 6.3 millones de pesos por la aparición en acordeones físicos y digitales de 177 candidatos ganadores en la elección judicial, a nivel federal y local, incluyendo la totalidad de la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del Tribunal Electoral, así como algunos de Salas Regionales, tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.
Con una votación dividida de seis contra cinco, también se aprobó sancionar con una amonestación pública a los candidatos que aparecieron en los acordeones pero no ganaron su elección, mientras que se rechazó ponerles multa de 5% del tope de gastos.
Para las sanciones a candidatos ganadores, el cálculo se realizó tomando como base 10% del tope de gastos de cada elección, además de un análisis de la capacidad económica de cada persona, por lo que las multas varían incluso para el mismo cargo.
En caso de que una persona tenga más de una multa y exceda su capacidad económica se podrán pagar por separado en plazos que definirá la Unidad Técnica de Fiscalización; si no se pagan, se enviarán al SAT para que cobre dicho adeudo.
Para la Suprema Corte, toda la integración tendría doble multa por aparecer en acordeones tanto físicos como digitales. La sanción más alta es para Loretta Ortiz, con 255 mil 17 pesos, seguida por Yasmín Esquivel con 190 mil 980 pesos; Irene Herrerías, con 138 mil 30 pesos, y María Estela Ríos, con 125 mil 811 pesos.
Les siguen Giovanni Figueroa, con 94 mil 358 pesos; Lenia Batres, con 89 mil 380 pesos; Arístides Guerrero, con 80 mil 555 pesos, e Irving Espinosa, con 79 mil 198 pesos.
La multa más baja será para el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, cuyo monto sería de 79 mil 424 pesos.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, rechazó la imposición de multas por la aparición en acordeones al argumentar que no está justificado el monto, por lo que, previó, será revocado por el Tribunal Electoral.
“Pero la ilegalidad encontrada o manifiesta en nuestras voces o por otras voces no nos debe de llevar a este instituto a intentar salir adelante con otra ilegalidad. Es decir, no hay un asidero jurídico que permite establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña”, expuso.
Consideró que también derivará en críticas al instituto, por un lado, porque “dirán que es un juego estas multas o es una burla la imposición de estas multas tan pequeñas, pero es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas, las sanciones, como normalmente lo ha venido haciendo este instituto, no de ahorita ni de estos últimos años”.
El consejero Jaime Rivera advirtió que la distribución de acordeones sólo sería posible con el respaldo de grupos de poder político, ya sea partidos o incluso crimen organizado, lo cual suplanta la voluntad ciudadana. “Tales entes políticos u organizaciones pudieron ser: gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales. Obviamente, todos ellos tienen prohibido por la ley tal intervención en esta clase de elecciones”, apuntó.
Reconoció que la Unidad Técnica de Fiscalización no pudo identificar el origen ni el costo total de estas listas repartidas de forma masiva; sin embargo, dijo que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales tiene más facultades de investigación y confió en que haga lo correspondiente.
“No hubo acordeones mágicos”, expresó el consejero Uuc-kib Espadas, al decir que este instrumento por sí solo no pudo determinar el resultado de la elección judicial.
“No podemos pretender sanciones como los acordeones que pudieran llegar en las fantasías más desarraigadas a significar una nulidad. No se puede, no hay materia, no hay materialidad en este argumento. Sin embargo, del otro lado tampoco se puede negar que hubo beneficiarios de estos acordeones”, señaló.
También, los consejeros Claudia Zavala y Martín Faz evidenciaron la falta de tiempo para investigar, pues la unidad sólo contó con mes y medio para las diligencias sobre el origen de los acordeones, lo que impidió que fueran exhaustivas.
“Todavía hay muchas líneas de investigación que se tienen que desahogar, porque sería muy grave para el sistema electoral mexicano que, a pesar de que otras autoridades tienen personas responsables directas de su distribución, nosotros hagamos como que no existe, ‘es que no nos da tiempo’..., no, tenemos que entrar de manera muy seria a la investigación, porque lo que no tiene que pasar es que esta autoridad se quede con las manos atadas frente a semejante ilegalidad”, puntualizó la consejera Zavala.
En contra del proyecto, la consejera Norma de la Cruz advirtió que la sanción que ahora se pretende imponer en el proyecto es ilegal, porque únicamente se castiga a los candidatos ganadores que aparecen en los 10 modelos de propaganda electoral impresa y en los modelos de propaganda difundidas por medios digitales.
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