Al menos 31 figuras políticas de los últimos siete años tienen concesiones de agua a su nombre, de acuerdo con una revisión al Registro Público de Derechos de Agua realizada por EL UNIVERSAL. En conjunto, estas personas tienen permiso para utilizar más de 6 millones 200 mil metros cúbicos de agua al año, que equivalen a 2 mil 511 albercas olímpicas.
Quienes concentran los mayores volúmenes de concesión son el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, seguido por la diputada Olga Sánchez Cordero y el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza. Otros servidores públicos con concesiones a su nombre son la Ministra de la Suprema Corte y exconsejera jurídica del Ejecutivo, María Estela Ríos González, así como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El pasado jueves 4 de diciembre, se expidió la Ley General de Aguas y se reformó la Ley de Aguas Nacionales. La legislación ocurrió entre polémicas, pues campesinos y agricultores de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, y otros estados, se manifestaron para impedir su aprobación sin éxito.
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La nueva legislación plantea cambios en el modelo de concesiones, prohibiendo la transmisión entre particulares y estableciendo nuevas reglas desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como la reasignación de volúmenes cuando hay modificaciones en la propiedad de la tierra o se hereda.
Un especialista con experiencia en el trabajo de la Conagua, que pidió no revelar su nombre, advirtió que las reformas dan mayor control al Estado sobre el recurso y podría haber opacidad en la reasignación de títulos de concesión.
La discusión entre legisladores para aprobar los cambios a la ley escaló hasta convertirse en un intercambio de acusaciones entre diversas facciones, que se señalaron mutuamente por la posesión de concesiones de agua entre sus militantes. Sin embargo, según la revisión realizada por EL UNIVERSAL, políticos de prácticamente todos los partidos actuales cuentan con al menos una concesión de agua vigente.
Del Poder Judicial a gobernadores estatales
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, tiene una concesión de 120 mil metros cúbicos de agua en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, para uso agrícola.
El título se registró el 26 de agosto de 2019, año en el que Ríos González fue directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Ríos González respondió por escrito a este diario que la concesión a su nombre se utiliza “estrictamente para uso agrícola” y que cumplirá con lo establecido en la ley tras los cambios que introdujo la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.
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Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el político con el mayor volumen de agua concesionado a su nombre, pues posee tres títulos en Yucatán por un total de 1 millón 402 mil 11 metros cúbicos anuales. Uno fue registrado en 2003 y los restantes en 2014.
En entrevista, el legislador aseguró que el agua se destina para irrigación en su rancho “Tierra de osos”, ubicado en la comisaría de Motul, “pero hace tiempo que no tengo animales, así que casi no se riega”, detalló.
En sus últimas cuatro declaraciones patrimoniales, el senador no registró el rancho ni ningún bien inmueble a su nombre; sin embargo, en su declaración de 2015, cuando aún era titular de la Sedatu, anotó la propiedad de tres casas, un departamento y un terreno. Al respecto, Ramírez Marín explicó que en sus declaraciones su propiedad no está registrada como un solo rancho, sino como varios predios.
“El hecho de que yo tenga concesiones significa que estoy legal, lo penoso y grave sería usar el agua y no reportarlo. Además, no es lo mismo tener el recurso en Yucatán que en el norte del país, donde tener agua muchas veces es cuestión de vida o muerte”, agregó.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, concentra 381 mil 951 metros cúbicos de agua en siete concesiones para usos agrícolas y pecuarios, registradas entre 1998 y 2025; cinco están ubicadas en el estado que gobierna y dos más en Guanajuato.
El mandatario se ha expresado en contra de la privatización del agua potable. En marzo pasado, durante el Tercer Foro Estatal del Agua 2025, aseguró que debe “dar por terminada la óptica privatizadora”, y que “las aguas sean verdaderamente de la nación y sirvan para hacer justicia”.
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Quien también ostenta concesiones en el estado que rige, es el gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, con dos títulos registrados en 2023 y 2024, cuando ya había asumido el cargo, por un total de 69 mil 500 metros cúbicos de agua al año. David Monreal, gobernador de Zacatecas, también tiene una concesión en su estado, al igual que Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila.
Exfuncionarios también poseen concesiones
La exsecretaria de Gobernación y actual diputada federal, Olga Sánchez Cordero, tiene acceso a 1 millón 77 mil 136 metros cúbicos de agua al año, distribuidos en cuatro concesiones registradas en Nuevo León desde finales de los años noventa.
En 2022, durante una fuerte sequía que enfrentó el estado, la legisladora compartió una publicación en “X” en la cual aclaró que, por generaciones, su familia se ha dedicado a la agricultura, motivo por el cual saben “el valor del agua, y no abusamos, al contrario, la cuidamos, más en el norte”.
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Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mantiene el título de una concesión por 600 mil metros cúbicos de agua anuales, en Nuevo León. En 2020, el también empresario respondió que “no renunciaría” a su cargo para que lo investigaran, luego de que un reportaje de CONNECTAS revelara que Enerall, la empresa que fundó Romo, tiene acceso a 16.8 millones de metros cúbicos de agua en 23 concesiones, ubicadas en Yucatán.
Al respecto, el expresidente López Obrador aseguró que no habría impunidad, y encomendó a las secretarías de medio ambiente y de la función pública a investigar los daños e implementar sanciones si fuera el caso. Romo renunció a la jefatura de la oficina presidencial en 2020.
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, puede explotar hasta 184 mil metros cúbicos de agua gracias a dos concesiones. Asimismo, Rutilio Cruz Escandón, exgobernador de Chiapas y actual cónsul general de México en Miami, tiene acceso a 198 mil 806 metros cúbicos en el estado que gobernó.
Legisladores de todos los colores con acceso a agua
Diputados y senadores con concesiones vigentes participaron activamente en la discusión y definición de la Ley de Aguas. Entre quienes votaron a favor se encuentran los morenistas José Javier Aguirre Gallardo, Ricardo Sheffield Padilla y Óscar Cantón Zetina, todos con títulos de agua para distintos usos.
El exgobernador de Guanajuato y actual senador panista Miguel Márquez Márquez cuenta con tres concesiones por 249 mil 365 metros cúbicos de agua, mientras que el diputado Mario Calzada Mercado, del PRI, tiene una concesión de 240 mil metros cúbicos.
La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, de Morena, aparece en los registros de Conagua con dos concesiones por 640 mil metros cúbicos para uso agrícola. Sin embargo, aseguró a EL UNIVERSAL que actualmente ya no cuenta con los títulos, pues la propiedad vinculada fue vendida en 2023. La legisladora votó a favor de las reformas en materia de agua.
Legisladores del PRI y del PAN como Juan Antonio Martín del Campo y Francisco Javier Ramírez Acuña votaron en contra y también figuran como concesionarios.
Para esta nota se solicitó la postura de las figuras políticas con concesiones a su nombre. Los diputados Leoncio Alfonso Morán Sánchez, María del Rosario Guzmán Avilés, José Narro Céspedes y Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo aseguraron que sus títulos se encuentran dentro de la legalidad, pues fueron debidamente inscritos y emitidos conforme al marco jurídico vigente. Agregaron que se apegarán a los nuevos cambios en las leyes relacionadas con el agua.
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