​Reclama MC “injerencias” en el Poder Legislativo

Al fijar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda advirtió que la crisis con la que sesiona hoy el Congreso General, sin una Mesa Directiva electa, es muestra de la intromisión de un poder ajeno al Legislativo , y alertó que eso podría repetirse en las reformas pendientes.

Esas enmiendas “corren en riesgo de mancharse por la intromisión de otro poder en particular (en) las reformas en materia de seguridad y de justicia, en las que desde el régimen se busca imponer una legislación dañina”, aseveró.

El legislador repudió que anoche en el Senado y hoy, la “intervención de otro poder” haya impedido nombrar mesa directiva del Congreso General, que sesiona en estos momentos con motivo del 5o. informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; “no tenemos certidumbre en la apertura de este periodo de sesiones y eso nos aleja de concentrarnos en los grandes pendientes de esta legislatura”, añadió.

“Es inaceptable lo que estamos viendo en este momento: que la irresponsabilidad y la intromisión provienen de las entrañas del régimen político que se niega a desaparecer. Un botón de muestra lo que sucedió anoche en el Senado donde las fuerzas políticas que usufructúan el régimen lo único que hicieron fue tensar la vida interna de todo el Congreso de la Unión, dijo al referirse a la designación -anoche- del senador Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva del Senado, con el rechazo de una parte de su bancada.

“Lo preocupante es los intereses que hay detrás de esta tensión institucional intencional: poner en entredicho la autonomía de la Fiscalía General de la República mediante el pase automático del actual procurador o desacreditar el recién creado sistema Nacional anticorrupción mediante nombramientos a modo de magistrados administrativos y del Fiscal Anticorrupción. En efecto, compañeros, ¡no al fiscal carnal”, advirtió.

Sobre la agenda legislativa de MC, el legislador dijo que los legisladores de su partido insistirán en eliminar las pensiones a presidentes, limitar el financiamiento público a los partidos y eliminar en definitiva las subvenciones extraordinarias en la Cámara de Diputados.

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