Más Información

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Impuestos a refrescos y cigarros buscan incentivar hábitos más saludables: Hacienda; financiarán costos asociados a enfermedades crónicas

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"
horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
La diputada del PRD Verónica Juárez Piña y el senador independiente Emilio Álvarez Icaza coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a atender la recomendación de la CNDH sobre las estancias infantiles “no sólo debilita la democracia, sino que abona a menoscabar la autonomía constitucional de instituciones como la CDNH”.
En el marco del rechazo del gobierno para atender la medida de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la cancelación de las estancias, Juárez Piña y Álvarez Icaza demandaron la comparecencia de la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores González, ante la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
En un comunicado conjunto, los legisladores dijeron: “La CNDH ha significado la construcción de mecanismos a favor de la dignidad a partir de periodo de lucha social y ciudadana de más de 29 años, por lo que [negarse] representa una violación al principio internacional y constitucional de no regresión en materia de derechos”.
El pasado viernes, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó las consideraciones del organismo sobre la negativa de aceptación de la recomendación 292019 sobre el caso de los beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
González Pérez consideró la respuesta del gobierno federal como “una señal de desaliento para la agenda del cumplimiento de las garantías y un signo de alerta que debilita los avances que se han construido desde la institucionalidad del Estado, con la participación ciudadana, para la protección de los derechos de los niños”.