Avanzan contra robo de medicinas

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La posibilidad de castigar de 3 a 15 años de prisión y de 500 a 4 mil días de multa a quien cometa el delito de robo de medicamentos avanzó en la Cámara de Diputados.

El pasado miércoles, la Comisión de Justicia del Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó un dictamen con el que se agrega el artículo 368 sextus al Código Penal Federal y fue turnado al pleno para su análisis a partir de septiembre.

El documento señala que si quien cometió el robo es un servidor público o los medicamentos robados pertenecen sector público, se aumentará la pena hasta la mitad, o, en su caso, ameritará la destitución o suspensión de su cargo. Los medicamentos son los establecidos por la Ley General de Salud.

La comisión refirió que el comercio ilegal es favorecido por una regulación ineficiente alentada por la impunidad, que crea un entorno de corrupción, falta de supervisión en los canales comerciales y una pena ambigua por la falta de existencia de un tipo penal específico.

Energía eléctrica. Además, el órgano legislativo que encabeza la panista Pilar Ortega aprobó un dictamen que reforma el artículo 368 del Código Penal Federal, con el objetivo de equiparar como robo y que se castigue como tal la instalación o disposición técnica de los mecanismos necesarios para el uso y disfrute de energía eléctrica.

Lo anterior, cuando se realice sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de lo que se requiere para usar el servicio, como ya lo marca el código.

El documento indica que el robo de energía eléctrica ha proliferado a lo largo del país, lo que afecta los ingresos del Estado y la capacidad de impulsar el bienestar social.

La magnitud del robo de energía puede observarse a partir de los datos de pérdidas no técnicas reportadas por el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que refiere que en 2017 las pérdidas representaron un costo de 30 mil 325 millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, que representa 8% de la energía eléctrica distribuida en el ámbito nacional.

El dictamen indica que las sanciones administrativas no han inhibido de manera adecuada el robo de electricidad. Además, la legislación penal no tipifica de manera específica la participación en el robo de electricidad de funcionarios y personas relacionadas con el sector eléctrico.