“Podrían ir a prisión quienes abusen de programas sociales”: Ricardo Monreal

Los servidores de la nación podrían ir a la cárcel si utilizan los programas sociales para promoción electorera, como, por ejemplo, la aplicación de las vacunas contra coronavirus.

Lo anterior, porque no habrá excepciones en la aplicación de la nueva miscelánea de prisión preventiva que aprobó el Senado, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila.

El líder morenista dijo en conferencia de prensa que la ley se aplicará de manera general y para todos: “Se aplica a todos, sin excepción. Se aplica a todos los servidores públicos, en todos los niveles del gobierno. Así va a ser”.

El legislador fue cuestionado sobre las denuncias que se han dado a conocer en el sentido de que los servidores de la nación están utilizando en la aplicación de las vacunas la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Morena: “La aplicación de la ley es para todos. Si nos estamos atreviendo a esto, es porque hay voluntad política de todos... todos tienen que observar la ley... Se aplicará de manera general, es una de las características de la ley, la generalidad, la abstracción y el carácter de aplicación estricta. Entonces, no va a haber excepciones, esta iniciativa la presentamos nosotros, pero es un compromiso del Presidente”, señaló.

“Cuando modificamos la Constitución y elevamos a delito grave la corrupción y los delitos electorales, sabíamos que íbamos a tener esto y es una clara lección y claro mensaje para todos, para todos los que usen recursos públicos y programas en beneficio partidista. Ya no se puede”, reconoció.

Ayer, en sesión del pleno, la mayoría de Morena en el Senado, con apoyo del PT, PES, PVEM, PRD y PRI aprobaron el dictamen de reforma que envió la Cámara de Diputados para ampliar el catálogo de delitos a los que se les aplica prisión preventiva de oficio.

Esto quiere decir que las personas acusadas de delitos electorales, huachicoleo, corrupción y uso de programas sociales con fines electorales tendrían que enfrentar su proceso penal desde la cárcel.