La diputada federal Socorro Jasso Nieto presentó un exhorto para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), implemente un programa nacional de reparación y prevención de baches y socavones en las principales vialidades (calles y avenidas) y carreteras federales, ante los riesgos que representan para peatones, automovilistas y transportistas.

La integrante del grupo parlamentario del PRI recordó que las lluvias intensas y atípicas de los últimos meses han puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial en gran parte del territorio nacional, situación que se traduce en condiciones críticas con afectaciones económicas, turísticas y de movilidad.

Por ello, subrayó que resulta indispensable crear una partida presupuestal específica, a través de la SICT, así como de las secretarías estatales, para atender emergencias inmediatas y garantizar la reparación integral de la infraestructura vial afectada, priorizando a las comunidades más vulnerables.

“Es fundamental fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, además de garantizar la transparencia en el uso de recursos para mantenimiento y rehabilitación de calles, avenidas, caminos y carreteras, evitando duplicidades y actos de corrupción”, expuso.

Destacó que, además, es necesario que las obras de reparación sean de carácter permanente y con estándares de accesibilidad y seguridad vial. Agregó que también es esencial fomentar la participación ciudadana en la identificación de zonas críticas, mediante reportes digitales, observatorios locales y mecanismos de retroalimentación que permitan vigilar el adecuado uso de los recursos públicos.

La legisladora destacó que, más allá de los daños económicos, el problema tiene un rostro humano, pues el pasado 31 de agosto de 2025, durante el Maratón de la Ciudad de México, los atletas paralímpicos Francisco San Clemente y Gonzalo Valdovinos sufrieron un accidente al caer en un bache profundo en Paseo de la Reforma, hecho que evidenció cómo la falta de condiciones seguras vulnera los derechos de las personas con discapacidad.

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