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A dos años del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 más fueron lesionados, activistas, familiares y amigos de los sobrevivientes se manifestaron pacíficamente en la calle Correo Mayor, a espaldas de Palacio Nacional.
Este 27 de marzo, integrantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) leyeron cartas de las víctimas que compartieron cómo cambiaron sus vidas tras la negligencia del Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de Francisco Garduño. Además, exigieron una disculpa pública con la participación de los sobrevivientes, la renuncia inmediata de los responsables y la reparación integral del daño.
“Señora presidenta, autoridades de justicia, ¡No queremos impunidad! ¡Queremos justicia!”, señalaron activistas y representantes de las víctimas en una carta dirigida a Claudia Sheinbaum; al fiscal Alejandro Gertz Manero; a Francisco Garduño del INM y a Yuriria Rodríguez Estrada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Sociedad mexicana.
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Lorena Cano Padilla, coordinadora jurídica del IMUMI y que también representa a ocho víctimas sobrevivientes explicó que la situación jurídica de Francisco Garduño es que se encuentra en una suspensión condicional del proceso, es decir, que no se va a continuar el ejercicio de la acción penal en su contra.
“Él tiene el plazo de un año para cumplir con todos los requisitos, digamos, que le impuso el juez de control. Uno de ellos es esta disculpa pública y acreditar que ha reparado a todas las víctimas. Ha pasado cerca de un mes y él tiene un año. Lo que nosotros impugnamos de esta decisión del juez fue que Garduño no ha reparado a nadie. Reparó el Estado por la violación a los derechos humanos, pero Garduño como imputado no ha reparado a nadie”, comentó.
Agregó que no cuentan con información de que el doctor Garduño vaya a renunciar o le vayan a solicitar su renuncia: “Sigue ahí, y va a seguir ahí por lo mismo”, lamentó. Durante el acto de protesta, mujeres leyeron cartas y describieron las secuelas que tienen la víctimas desde 2023.
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Ada Quintero, madre de Bryan Eduardo (sobreviviente) relató que es un golpe a todas las familias y aprovechó para exigir a la presidenta que sean empatices y dejen a los migrantes comunicarse en casos de emergencia al momento de ser detenidos.
“Yo veo a mi hijo y me ruedan las lágrimas pensando que por el sueño americano él pudo perder su vida en manos del Estado mexicano. Lo que yo quisiera es que destituyan a ese señor. Ellos se quedan con las secuelas, yo nunca me he atrevido a preguntarle lo que vivió ahí, nadie de ellos tuvo el valor de ayudarle. Es triste darse cuenta que ellos pudieron haber evitado que pasara lo ocurrido, solamente porque no vino una orden de su superior”, lamentó.
Mientras que los padres de Milton Alexis Melara, migrante fallecido expresaron que estos dos años han sido muy tristes sin la presencia de su hijo Milton.
“Él era el que nos daba el sustento de cada día. Él iba con un propósito: hacer su casa y sus cosas, y poder darnos una mejor vida a su familia y nosotros queremos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas paguen con cárcel”, mencionaron.
Traumático el proceso de justicia
Por su parte, la esposa de Alis Dagoberto Santos López, quien también perdió la vida ese día, describió como “traumático” el proceso de justicia y la pérdida de su esposo, pues la reparación económica no es suficiente para aliviar todo el dolor.
“Quisiera que no vuelva a suceder algo así, fue demasiado traumático para todas las personas que - perdimos un familiar, en mi caso perdí a mi esposo. Nuestros hijos se quedaron sin su padre. Tenemos huellas emocionales profundas que no han sanado. No queremos que más familias pasen por esta situación, que queden marcadas de por vida. Nadie se lo merece. Lo único que buscamos es justicia. Que estas muertes no queden impunes y que nunca más vuelva a suceder un siniestro como el ocurrido el 27 de marzo de 2023”, dijo Delmis.
Jessica Nuñez, representante legal del IMUMI refirió que a dos años de los hechos, las víctimas indirectas no han recuperado sus derechos. También señalaron que los familiares han cargado con todos los gastos de las recuperaciones, muchos de ellos se mudaron a México y perdieron sus empleos, afectando sus vidas de forma física y emocional: “No fue el incendio, fue el Estado”, aseguraron.
kicp/apr
