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El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de enviar una iniciativa relacionada con el cambio de nombre del Instituto Nacional de Migración (INM) a Instituto de Movilidad Humana será insuficiente si no se desmantela el esquema de cárceles migratorias y la militarización que se impulsó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y del excomisionado Francisco Garduño, dijeron expertos.
Consultados por EL UNIVERSAL, especialistas, académicos y exfuncionarios del INM recordaron que el instituto fue militarizado en el sexenio anterior, con 19 delegados estatales castrenses, de los cuales permanecen ocho, así como funcionarios sin perfil ni experiencia en el cargo, por lo que el anuncio puede quedar sólo en promesas y eufemismos.
En abril de 2023, López Obrador planteó la desaparición del Instituto Nacional de Migración para sustituirlo por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico), una nueva entidad enfocada en la protección de derechos humanos de los migrantes tras el incendio en Ciudad Juárez en 2023.
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Se quedó solamente en el discurso, en promesas, subrayaron los expertos, porque continuaron los abusos, la militarización y el uso de la Guardia Nacional en funciones de policía migratoria.
Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM y especialista en materia migratoria, dijo que “sí es obligada una reestructuración del instituto. Pero depende del contenido de la propuesta. Y sobre todo, que preserve y consolide la legislación y derechos de la población refugiada. La más lastimada. De entrada, cambiar por cambiar no garantiza nada”.
En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que sería “necesario y congruente” empezar por desmilitarizar el INM.
Una legislación de migración siempre es compleja, multidimensional y abarca a una diversidad grande de poblaciones y de situaciones. por lo mismo cualquier proyecto sobre la materia es una cuestión de alta especialización y de horizonte amplio.
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“De hecho, no conozco ninguna propuesta, sino simplemente rumores, pero si las cosas son como han hecho otras, como el Poder Judicial o el INE, pues no suena muy estimulante. Habrá que conocer el proyecto con detalle, sus objetivos e instrumentos”, añadió Guillén.
Alethia Fernández de la Reguera, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en materia migratoria, expuso que el anuncio presidencial puede ser sólo “un cambio no estructural que corre el riesgo de ocultar o crear mayor opacidad de la que ya hay, más eufemismos”.
Mencionó que el llamar ahora al INM como Instituto de Movilidad Humana es una “justificación porque ya no se usa la palabra migración, no por querer impulsar una política migratoria más humana”.
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Jerónimo del Río, investigador de la Fundación para la Justicia (FJEDD), especializado en temas de derechos humanos y migración, consideró que cualquier cambio al INM debe pasar por la desmilitarización de los albergues y ruta migratoria y quitar facultades a la Guardia Nacional de contención y detención de extranjeros en su cruce por México.
“Las organizaciones de sociedad civil han documentado las trágicas consecuencias de la militarización”, enfatizó.
Manifestó cautela ante el anuncio presidencial, ya que, en su opinión, el Estado mexicano ha modificado el nombre de sus instituciones, bajo la promesa de independencia, anticorrupción y bienestar, pero no suelen cumplirse.
“Pienso en el cambio de Procuraduría a Fiscalía o Función Pública a Anticorrupción y Buen Gobierno. Si bien el término ‘movilidad humana’ evoca la jerga de los derechos humanos, se aplicará a una institución que ha perpetrado una larga lista de violaciones y convertido a personas que cruzan por nuestro país en víctimas. Un cambio de nombre no será suficiente para revertir su tendencia”.
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A su vez, Luis Xavier Carrancá, abogado de la Clínica Jurídica Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, mencionó que de entrada, la propuesta de cambiar el nombre al INM por Instituto de Movilidad Humana, entendiendo que el desplazamiento de personas va mucho más allá de la migración por motivos económicos, pareciera una buena propuesta.
Sin embargo, dijo que por lo mencionado por la Presidenta, será una reforma mínima que en ese caso sólo serían cambios “cosméticos” y no de fondo para reestructurar todo el sistema de cárceles migratorias, la persecución de migrantes como si fueran delincuentes y el uso de albergues o estancias migratorias que funcionan como cárceles, tal como se evidenció en la tragedia de Ciudad Juárez.
“No puede ser una reforma chiquita o un cambio chiquito o cosmético, más aún con el INM, que sigue comportándose como centro de intimidación, deportaciones sin el debido proceso, generación de complicaciones migratorias, pues da igual que le llamemos violaciones por parte de autoridades del Instituto de Movilidad Humana que violaciones de derechos del Instituto Nacional de Migración”, apuntó.
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Consideró que “no necesitamos un cambio de nombre nada más y un lavado de cara. Necesitamos un cambio de hábitos del mismo instituto y el cambio de regulación de movilidad humana. Necesitamos dejar de ver a los migrantes como un peligro para el país que debe ser rechazado y violentado”.
Luis Xavier Carrancá argumentó que se debe gestionar la migración con un verdadero enfoque humano y no sólo en el discurso, como ha ocurrido en los últimos años. Sí se debe conocer el perfil y las necesidades de todos los extranjeros, gestionar la migración, clasificar a los que vienen huyendo de sus países, a los que se son víctimas de trata, a los desplazados, a los menores, para saber qué tratamiento se da a sus casos.
Indicó que se debe iniciar por revisar los perfiles de los mandos al frente del INM, que fue mayormente militarizado o personas con experiencia policiaca o criminológica, como ocurrió en el sexenio de López Obrador y que persisten en la actual administración.
“No son vistos como personas que aportan al país, que esa migración debe ser gestionada correctamente y no perseguida.
“México se ha convertido en un embudo migratorio porque los trámites para los migrantes (...) que huyen de sus naciones por diversas causas, son muy complicados y eso provoca que transiten sin una regularización, sean objeto de persecuciones de militares y de la Guardia Nacional, y en el peor de los casos, sean capturados por el crimen organizado”, concluyó el abogado.













