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El Consejo General del INE aprobó solicitar una ampliación presupuestal por mil 511 millones 757 mil 665 pesos a fin de aumentar el número de casillas y personal para la elección del Poder Judicial, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sólo 800 millones de pesos disponibles.
De este monto, 351 millones de pesos se destinarían para el pago de salarios de mil 881 supervisores y 10 mil 928 capacitadores contratados para integrar 42 mil 518 casillas en 16 estados con elecciones judiciales locales concurrentes con la elección judicial.
También se contemplan 286 millones de pesos para la contratación por 130 días de 513 supervisores y 3 mil 55 capacitadores adicionales en todo el país para lograr la meta de 86 mil casillas.
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Otro rubro son 115 millones de pesos para ampliar el periodo de contratación por un mes a 6 mil 134 personas para la atención de programas para 57 proyectos que atienden la elección judicial, proceso electoral en Durango y Veracruz, constitución de nuevos partidos políticos, credencialización y otras actividades ordinarias.
La consejera Carla Humphrey subrayó que “no estamos solicitando recursos para ocurrencias y caprichos ni para programas superfluos o suntuarios”, sino que esto permitirá aumentar el número de casillas de 73 mil a 86 mil.
También permitirá contratar a 22 mil 500 auxiliares por un periodo de 15 días para optimizar los tiempos de cómputo para contar con resultados, al menos de la Suprema Corte, la misma noche de la jornada electoral.
Detalló que con esta ampliación el costo por integración de casilla, incluyendo materiales y personal, asciende a 29 mil 177 pesos, poco más de 2 mil millones por el total a instalar.
El consejero Arturo Castillo destacó que también se utilizarán 18 millones de pesos para fortalecer la solicitud y entrega de credenciales para votar en territorio nacional y posible ciudadanía repatriada en 60 puntos de confluencia migratoria.
“Muchos de nuestros connacionales que eventualmente podrían verse sujetos a este lamentable proceso de repatriación podrían llegar a México sin una identificación oficial. Al llegar en estas condiciones podrían también verse sujetos a riesgos importantes de exclusión laboral, económica y social, que en un país como el nuestro no son poca cosa”, expuso.
En entrevista por separado, la consejera Carla Humphrey y el consejero Jorge Montaño consideraron que la fecha ideal para que el gobierno les otorgue el primer pago de 800 millones de pesos sería a finales de enero o inicios de febrero.
La consejera Humphrey expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum les comentó en la reunión que Hacienda ya cuenta con 800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial en sus cuentas, sin embargo, hay temas jurídicos por resolver.
“Nos dijo que no quería que todo [800 millones] fuera para el Poder Judicial, que fueran cosas más tangibles para la ciudadanía, como salud, educación, etcétera”, apuntó.
“Estamos detonando los procesos para poder tener esta ampliación y estamos esperando que llegue a finales de mes a más tardar, es decir, en 15 días”, expuso.
El consejero Jorge Montaño afirmó que comenzarán los trabajos considerando este presupuesto. “Fue derivado de la plática que se tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue un diálogo respetuoso y donde hubo la disposición de apoyar al Instituto Nacional Electoral. Nosotros le pudimos llevar las necesidades que teníamos, donde consideramos que se debería reforzar, y se habló de mil a mil 500 millones de pesos”, apuntó.
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Perfilan reglas de gastos de campaña
Humphrey manifestó que la Comisión de Fiscalización alista los lineamientos para definir qué gastos pueden hacer los candidatos durante las campañas.
“Lo que dice la reforma es que el tope será lo mismo que una aportación de una candidatura independiente a una diputación federal. Este monto son 220 mil pesos y aplica para todas las candidaturas. Lo que estamos haciendo como Consejo General, que tenemos experiencia en este tema, es que claramente vamos a hacer una interpretación para ver si podemos establecer un escalonamiento de estos topes, es decir, que sean mayores los topes para las candidaturas nacionales o federales que son ministros, Sala Superior y el Tribunal de Disciplina, y luego las regionales y después magistraturas y juzgados”, explicó.
