Periodista Jorge Luis González amplía demanda de amparo; busca revertir medidas cautelares por el caso Layda Sansores

Para impedir la aplicación de las medidas cautelares, entre las que destacan la imposición de la presencia de un censor en los programas que conduce todos los viernes y la revisión de sus notas antes de ser publicadas, el periodista campechano Jorge Luis González presentó la mañana de este jueves la ampliación de la demanda de amparo ante un juez de distrito.

“Con esta presentación de la ampliación de la demanda de amparo lo que se busca es combatir la imposición de las medidas cautelares de intervención judicial y vigilancia que corresponderían precisamente determinar al Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que están violando derechos fundamentales, además de que la resolución de la jueza fue incongruente”, señala a EL UNIVERSAL.

Mencionó que la resolución de la jueza es errónea y constituye una violación al debido proceso. Y agregó que con esta ampliación se espera que en los próximos días el juez determine la situación de la demanda de amparo.

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Sobre la posibilidad de demandar a la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores San Román por los excesos en los que ha incurrido en su contra, Jorge Luis González señaló que esto es algo que ha contemplado, “pero aún no tomamos la decisión sino hasta ver cuáles son los resultados de los juicios que siguen”.

Hace unos días, la Oficina Regional para México y Centroamérica manifestó su profunda preocupación ante los múltiples procesos judiciales iniciados contra el periodista independiente Jorge Luis González Valdéz y el medio Tribuna, promovidos por el gobierno del estado de Campeche.

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“Las acciones impulsadas por autoridades estatales, junto con la imposición de medidas cautelares por parte del poder judicial local, constituyen una forma de censura previa, prohibida expresamente por el artículo 7º de la Constitución mexicana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dijo.

Externó que lo que enfrentan el periodista y el medio no es un procedimiento legal legítimo, sino un patrón de abuso institucional que tiene como finalidad silenciar la crítica y restringir la deliberación pública, a través de mecanismos judiciales punitivos que vulneran garantías fundamentales.

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