Miami.— Los primeros cargos por narcoterrorismo tras la declaratoria en Estados Unidos contra seis cárteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras no se hicieron esperar. Con ellos, nuevas agravantes para los acusados.
El Departamento de Justicia anunció cargos de narcoterrorismo contra dos líderes del Cártel de Sinaloa (CDS), los primeros desde la designación de febrero.
Los acusados son Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, de 62 años, y su hijo Pedro Inzunza Coronel, El Pichón, de 33 años.
“Es la primera vez que se presentan cargos contra líderes del Cártel de Sinaloa por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, en conexión con tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetaminas y heroína”, subrayó el fiscal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon, quien dijo que los Inzunza dirigen la facción de los Beltrán Leyva en el cártel.
“Bajo el marco legal de Estados Unidos, el tratamiento de alguien a quien se le impute actividad terrorista puede ser significativamente diferente al de un narcotraficante procesado únicamente bajo cargos de tráfico de drogas”, explicó a EL UNIVERSAL una fuente del Departamento de Justicia.
Una vez que la fiscalía presenta cargos basados en leyes antiterroristas, como conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista o financiamiento del terrorismo, “se activan mecanismos legales que establecen agravantes especiales”.
“Esta calificación puede acarrear penas más severas y extensas que las previstas sólo para delitos de narcotráfico”, dijo la fuente.
También puede conllevar restricciones adicionales en términos de medidas de detención y procesos judiciales, dado el alto perfil de los delitos, que afectan directamente la seguridad nacional estadounidense. Asimismo, pueden aplicarse normas de incautación de activos.
El dilema está, añadió, en que la fiscalía logre demostrar que se cometieron actos de narcoterrorismo, o de “apoyo material a una organización terrorista”.
Jaime Ortiz, abogado experto en asuntos de narcotráfico en ambos lados de la frontera, coincidió.
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“Bajo el marco legal de Estados Unidos, el manejo de una persona acusada de actividades terroristas es completamente distinto al tratamiento que recibe un narcotraficante procesado exclusivamente por tráfico de drogas. Si se incorpora el componente terrorista y la fiscalía formula cargos basados en leyes antiterroristas, se ponen en marcha mecanismos legales que imponen agravantes especiales, lo que resulta en penas de mayor severidad y duración”, comentó a EL UNIVERSAL.
“Por el contrario, si el componente terrorista no se demuestra y el caso se encuadra únicamente en tráfico de drogas, el tratamiento judicial se rige por los parámetros y sanciones establecidos para dichos delitos. Aun cuando la conducta por la distribución de fentanilo sea de extrema gravedad por su impacto y letalidad, no se aplican las medidas adicionales reservadas para delitos de naturaleza terrorista”.
La acusación señala que, por los delitos de narcoterrorismo, los Inzunza pueden ser condenados a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de 20 millones de dólares; por “proporcionar ayuda material” al terrorismo la pena máxima es de 20 años, además de una sanción de 250 mil dólares.
En declaraciones a Border Report, Michael Ballard, director de Intelligence for Global Guardian LLC, señaló que estas acusaciones de narcoterrorismo también ejercen presión en otros aspectos. “Muchas empresas que operan en México tendrán que cuidarse y escudriñar sus operaciones para asegurarse de que no están infringiendo inadvertidamente estas nuevas leyes” sobre narcoterrorismo.
“Las iniciativas de la operación Recuperemos Estados Unidos reflejan la realidad de que los narcoterroristas actúan como un cáncer dentro de un Estado”, apuntó el Departamento de Justicia.
“Crean una metástasis de violencia, corrupción y miedo. Si no se les controla, su crecimiento conduciría a la muerte de la ley y el orden. Esta acusación es como la justicia se ve cuando todo el Departamento de Justicia y demás autoridades se ponen en marcha contra el Cártel de Sinaloa”, recalcó.
Se considera “materiales para cometer narcoterrorismo” a los estupefacientes que el CDS trafica a Estados Unidos. Los Inzunza están acusados, además, de tráfico de drogas y lavado de dinero. Las acusaciones fueron presentadas en la corte federal de San Diego.
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“Si actúas como terrorista, no debería sorprenderte ser acusado como terrorista”, dijo Gordon, quien explicó que, para combatir a los cárteles como organizaciones terroristas, desde el día que fue designado fiscal, el 11 de abril, formó una Unidad de Narcoterrorismo que colaboró para la investigación y formulación de los cargos presentados hoy. El funcionario aseguró que a partir de ahora los líderes del narcotráfico enfrentarán “una cacería”.
“Los vamos a perseguir hasta que al final enfrenten su destino en una corte federal del sur de California”.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que desmantelar el CDS exige una respuesta legal innovadora y contundente. “Se acabaron sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”.
Además de los Inzunza, fueron acusados en este caso los mexicanos David Alejandro Heredia Velázquez, de 50 años; Daniel Eduardo Bojorquez, de 47; Javier Alonso Vázquez Sánchez, de 31; el guatemalteco Óscar René González Menéndez, de 45, y el costarricense Elías Alberto Quirós Benavides, de 53. Sin embargo, estos cinco son señalados de tráfico de drogas y lavado de dinero. Todos permanecen fugitivos.
Según la acusación, los Inzunza comenzaron a traficar desde hace décadas cocaína de Colombia a Estados Unidos, pero después pasaron al fentanilo y drogas sintéticas.
“Documentos de la Corte indican que, juntos, padre e hijo, encabezan una de las redes de producción de fentanilo más sofisticadas del mundo”, dice el documento, que recuerda que en diciembre pasado la policía mexicana allanó múltiples ubicaciones en Sinaloa controladas y administradas por los Inzunza, donde se incautaron mil 500 kilogramos de fentanilo, el mayor decomiso de esta droga en el mundo.
Ballard advirtió de un “efecto colateral” de la designación de los capos mexicanos como narcoterroristas. “Podríamos empezar a ver cómo algunos de estos cárteles atacan a empresarios o viajeros estadounidenses de una forma que antes no se atrevían a hacer. Si sus activos, sus operaciones se ven perturbadas, pueden pensar: ‘¿Qué tengo que perder? La atención de Estados Unidos ya está aquí. Ya somos el enemigo público número uno’”.