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Los partidos políticos han retenido impuestos de sus trabajadores por 287 millones de pesos, sin entregarlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), utilizando ese dinero en la opacidad y fuera de la lupa del Instituto Nacional Electoral (INE).
Sin embargo, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE determinó dar una prórroga de un año más para que los partidos políticos paguen dicha cantidad, pese a que la fecha límite era este año.
Además, los partidos políticos ya habían obtenido aplazamientos previos, sin lograr regularizar su situación fiscal.
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Morena es el partido que más ha incurrido en esta práctica, al no comprobar el pago de 155 millones 976 mil pesos al SAT.
Le sigue el Partido del Trabajo, con 36.7 millones; el PRD, 13.3 millones; Partido Verde, un millón; Movimiento Ciudadano, 729 mil pesos; el PAN, 5 mil 846 pesos y partidos locales con 3.5 millones.
El único exento de deudas en este rubro es el PRI, que firmó un convenio con el SAT para ir al corriente con el pago del ISR, de acuerdo con el consejero Jaime Rivera.
Por estas irregularidades, se estimaron multas por 317 millones 120 mil pesos; sin embargo, no fueron incluidas en los dictámenes de fiscalización del año 2022 que fueron aprobados por el Consejo General del INE.
En la discusión de la Comisión de Fiscalización previa a subir los dictámenes a Consejo General, que se llevó a cabo de manera privada, tres consejerías se pronunciaron a favor de sancionar a los partidos que han incumplido. Sin embargo, la unidad no incluyó las multas en el documento final, debido al aplazamiento.
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La Ley General de Partidos Políticos establece su obligación de entregar a las autoridades fiscales el ISR correspondiente por salarios, honorarios o retribuciones que realicen a sus trabajadores, profesionistas o personas que les presten servicios.
A propuesta de Dania Ravel y Jaime Rivera, se propuso dar seguimiento al caso de los partidos que no han pagado el ISR, pero también que se sancione a quienes tengan impuestos por pagar con antigüedad mayor a un año.
La modificación fue rechazada por seis votos de Guadalupe Taddei, Uuc-kib Espadas, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Carla Humphrey.
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