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Organizaciones y activistas exigen al Congreso de la Unión crear una comisión bicamaral para tipificar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes como un delito autónomo en el Código Penal Federal, en los términos solicitados por el Comité de Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así como elementos para la implementación de políticas públicas para prevenir y sancionar el reclutamiento forzado; un programa nacional de desvinculación y asistencia integral a las víctimas de este crimen y mecanismos de colaboración y seguimiento entre el Estado, sociedad civil y organismos internacionales.
A través de la campaña “Niñez Libre de Guerra”, piden la creación de un programa nacional de desvinculación de las víctimas reclutadas y acciones efectivas de prevención en las comunidades a través de procesos de construcción de paz y lucha contra la impunidad.
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La petición, publicada en Change.org y dirigida a la presidencia de la República, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, así como a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaria de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana (SSPC), acumula más de 40 mil firmas.
“En México, la desgarradora realidad de niños indígenas armados en Guerrero para defender a sus comunidades del crimen organizado y la violencia criminal para desplazar a las comunidades de Chiapas muestran las graves omisiones de las autoridades ante una crisis más amplia: el reclutamiento forzado de niñez que se ha generalizado desde la declaración de guerra del gobierno federal contra el crimen organizado en 2006”, dice.
Además, solicitan al Gobierno federal desarrollar una estrategia coordinada con las comunidades indígenas para garantizar la seguridad de la niñez y sus familias, instalar mesas de diálogo estatales en Guerrero y Chiapas, con participación municipal, organizaciones sociales y el acompañamiento de organismos internacionales como el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y la CIDH.
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Y una investigación de las redes de protección a los grupos criminales y seguir la ruta del dinero para encontrar a los beneficiarios de la economía criminal que azota a todo el Estado de Guerrero y Chiapas.
La iniciativa, compartida por organizaciones de la sociedad civil como Tejiendo Redes Infancia y Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explica que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en México ha sido ampliamente documentado. Y las comunidades indígenas y municipios alejados de las grandes ciudades han sido especialmente afectadas: Niños, niñas y personas jóvenes son forzados a unirse a grupos armados desde informantes, traficantes o sicariato, enfrentando horrores y siendo esclavizada toda su infancia.
“El reclutamiento forzado no solo arruina las vidas de la niñez afectada, sino que también los convierte en perpetradores de violencia y criminalidad, afectando seriamente a sus propias comunidades. La ausencia de legislación específica que tipifique este crimen como delito permite que los culpables actúen con impunidad y se extienda en toda la región”, menciona.
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Cada año, se estima que entre 35 mil y 45 mil niños y niñas son reclutados por cárteles del crimen organizado en México. Sin embargo, indicó, no existen cifras oficiales que dimensionen plenamente el problema. Las tareas que estos grupos asignan a las niñas y los niños pueden ser de mensajeros o halcones, el tráfico y la venta de drogas o incluso cometer robos, extorsión y homicidio.
“Estas actividades delictivas deben ser tipificadas legalmente, ya que su reconocimiento en el marco jurídico permitiría sentar las bases para una política pública que enfrente de forma estructural este crimen”, señala.
Y recordó que desde 2011, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha recomendado al Estado mexicano tipificar el delito, crear programas de desvinculación y reinserción social para víctimas, y construir una cultura de paz desde las comunidades afectadas.
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