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El Grupo de Trabajo de la ONU sobre detención arbitraria mostró preocupación por las presiones del Poder Ejecutivo a la judicatura respecto a las menciones públicas a jueces que han emitido decisiones o sentencias que refutan las políticas gubernamentales.
En el Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el grupo identificó también que el Poder Judicial Federal se enfrenta a duros recortes presupuestarios, de hasta el 20%, medidas que socavan la capacidad del mismo para llevar a cabo su trabajo de forma independiente, sin temor ni favoritismo.
“Es esencial contar con un Poder Judicial independiente e imparcial para combatir la detención arbitraria, como se refleja en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción los cambios positivos en este respecto introducidos con la reforma de la justicia penal. Sin embargo, le preocupa saber que los miembros del Poder Ejecutivo han presionado a jueces, particularmente cuando esos jueces han dictaminado que las iniciativas del Ejecutivo contravienen la ley.
“En algunos casos, los miembros del Ejecutivo mencionan públicamente a jueces en específico que han emitido decisiones o sentencias que refutan las políticas gubernamentales. El Poder Judicial federal se enfrenta a duros recortes presupuestarios, de hasta el 20 %. Tales medidas socavan la capacidad del Poder Judicial para llevar a cabo su trabajo de forma independiente, sin temor ni favoritismo. Al Grupo de Trabajo le preocupa que esto haya contribuido a la persistencia de un gran número de casos de detención arbitraria tanto a nivel federal como estatal”, menciona el documento.
El documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria remarcó que detecta que la detención arbitraria en México es una práctica generalizada. Asimismo, criticó el uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y la persistencia del arraigo al resaltar que por ser violatorias de los derechos humanos, México debería eliminarlas de la Constitución.
También cuestionó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; expresó preocupación por el carácter castrense de la Guardia Nacional y por la pretensión de suscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hecho por el que solicitó que todas las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas por tribunales civiles.
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Finalmente, constató que la tortura persiste en México y se lleva a cabo por fuerzas de seguridad de todos los niveles y que es inadmisible la obtención de pruebas con esta práctica.
Entre las buenas prácticas y desarrollos positivos enlistó a las enmiendas constitucionales de 2011 que colocaron los derechos humanos en el centro de la Constitución, la transición desde 2008 hacia un modelo acusatorio de justicia penal; la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos internacionalmente; la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 y la introducción de un Registro Nacional de Detenciones.
Asimismo, la modificación de leyes en 2014 para establecer restricciones a la administración de la justicia por parte de los tribunales militares; la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos que tienen su base jurídica en la Constitución, así como la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
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mahc
