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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), condenó los asesinatos de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, integrantes del colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco".
“Saludamos las condenas expresadas al más alto nivel por los ejecutivos federal y estatal. Importante garantizar la protección de las personas buscadoras y continuar la investigación considerando todas las hipótesis, incluida la labor de defensa de #DerechosHumanos”, señaló en su cuenta de X el organismo internacional.
Este jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) externó que es preocupante la situación de riesgo que enfrentan las personas integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, al tiempo que lamentó la muerte de la buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en hechos ocurridos este jueves en el Fraccionamiento Las Villas, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
“Este Organismo Nacional exige la inmediata intervención de las autoridades de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, así como de las autoridades Federales, entre éstas las del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, a fin de que salvaguarden la integridad de la familia de las víctimas y de los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco que, con motivo de su lucha de acceso a la justicia y a la verdad, continúan siendo objeto de agresiones que los colocan en una grave situación de riesgo”, indicó en un comunicado.
Desde 2024, María del Carmen Morales emprendió una lucha para dar con el paradero de su hijo, Ernesto Julián Ramírez Morales, quien desapareció el 24 de febrero de ese mismo año en el citado municipio.
En un comunicado, el organismo recordó el ataque contra la dirigente de Guerreros mientras circulaba en su vehículo en compañía de sus hijos. Poco después, la defensora fue interceptada por un sujeto que le exigió que saliera de Jalisco bajo amenazas de un grupo de delincuencia organizada.
También hizo un llamado urgente a las autoridades investigadoras y persecutoras del delito para esclarecer con celeridad los homicidios, así como las agresiones y atentados que han sufrido otras personas integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
Cientos de colectivos y personas buscadoras condenan asesinato de María del Carmen Morales y su hijo
Tras el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, casi 600 colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil y activistas exigieron una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de los hechos, así como protección a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a integrantes de colectivos de búsqueda y sus familias.
Los hechos ocurrieron luego de que el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco, ganó visibilidad por su participación en el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán. A raíz de ello, denunciaron, el colectivo y sus integrantes han sido objeto de un discurso de criminalización por parte de autoridades, sectores de la sociedad civil y grupos del crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples amenazas en su contra.
“El 7 de abril de este año, integrantes del colectivo fueron recibidas por autoridades de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ante quienes manifestaron de manera clara y directa el riesgo que enfrentan debido a su labor de búsqueda y denuncia. Hoy, el colectivo atraviesa la trágica noticia de que una de sus integrantes fue asesinada”, refirieron.
María del Carmen era una madre buscadora, integrante del colectivo Guerreros Buscadores Jalisco, cuya lucha incansable por la verdad y la justicia para su hijo desaparecido, Ernesto Julián Ramírez Morales, le costó la vida.
Describieron que a lo largo del país, diversas personas buscadoras se encuentran en condiciones similares de riesgo, derivadas de su labor. Y que varias personas buscadoras asesinadas habían solicitado medidas de protección a las autoridades competentes, sin que estas fueran otorgadas o implementadas con la urgencia o eficacia necesarias.
“Un ejemplo es el caso de otra buscadora de Jalisco, María Teresa González Murillo, asesinada el 27 de marzo de este mismo año, quien ya había recibido tres amenazas de muerte previas al ataque y solicitado ayuda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas”, expresaron.
Con el asesinato de María del Carmen Morales, se han documentado seis casos de agresiones letales en contra de buscadoras en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. De 2010 al 25 de abril de 2025, se han documentado 30 casos de personas buscadoras agredidas de manera letal: cuatro desapariciones, y 26 asesinatos. De 2019 a la fecha, se han perpetrado 24 de los 30 casos.
“Esto refleja un patrón que exige una revisión profunda de los mecanismos de protección existentes y un reconocimiento formal de la labor de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos. Su situación de riesgo no es consecuencia de una actividad marginal, sino del ejercicio de una función de interés público ante la ausencia del despliegue de acciones estatales adecuadas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas”, indicaron.
Señalaron que las personas buscadoras realizan una labor fundamental en un país con más de 127 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, y más de 72 mil cuerpos sin identificar.
Además, instaron de manera urgente a la Fiscalía del Estado de Jalisco, a las autoridades federales competentes y a la titular del Poder Ejecutivo Federal a asumir con seriedad, responsabilidad y compromiso su deber constitucional de garantizar la vida, la integridad y el acceso a la justicia de las personas buscadoras.
“Resulta imperativo que se impulsen medidas integrales, sostenidas y con un enfoque de derechos humanos, orientadas no sólo a esclarecer este lamentable crimen, sino también a prevenir nuevas agresiones contra quienes, en ejercicio de un legítimo derecho, han asumido tareas que corresponden al Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas”, dijeron.
El pronunciamiento fue firmado por 93 colectivos de búsqueda de todos los estados del país, 126 personas buscadoras independientes, 84 colectivos de defensores de derechos humanos, 200 personas solidarias y acompañantes, así como 69 centros, instancias y organizaciones de la sociedad civil.
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