Organizaciones no gubernamentales de defensa de la infancia exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a impulsar una reforma para tipificar el reclutamiento forzado de niños y adolescentes como para parte de la estrategia de seguridad nacional, proteger juventudes y debilitar estructuras criminales en México.
La misiva de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe se emitió una semana después de que EL UNIVERSAL publicó un reportaje sobre más de 50 iniciativas para tipificar en delito de leva de menores para del crimen que se encuentran en la llamada “congeladora” legislativa, así como después de la detención de joven de 17 años, presunto sicario del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Se argumenta que el país enfrenta una crisis prolongada de violencia armada desde “la guerra contra las drogas” iniciada en 2006 por Felipe Calderón, con cientos de miles de personas asesinadas y desaparecidas.

“Dentro de esta tragedia destaca el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes, práctica criminal que vulnera gravemente sus derechos humanos, profundiza desigualdades y perpetúa un ciclo de violencia estructural”.
La delincuencia organizada ha consolidado “ejércitos privados” a través del reclutamiento en la zonas de influencia con métodos de coacción como los documentados por distintas organizaciones y medios de comunicación.
Este reclutamiento convierte víctimas en perpetradores, generando un efecto dominó de homicidios, desapariciones y confrontaciones con fuerzas del Estado.
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“Jóvenes violentado a otras personas jóvenes. El reciente asesinato de Carlos Manzo expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, a manos de un adolescente de 17 años de edad, da evidencia del contexto político propicio para acciones contundentes”.
“Este es el momento ideal para que la Presidenta Claudia Sheinbaum impulse la tipificación penal del reclutamiento forzado, complementada con políticas integrales de prevención, desvinculación y reinserción social”, subrayan.
Tipificar el reclutamiento forzado en el código penal federal y los códigos penales estatales permitirá desmantelar las estructuras criminales desde su base, debilitando su capacidad operativa y disminuyendo la violencia en el territorio nacional.
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