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Desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, 25 personas buscadoras han sido asesinadas y 7 desaparecidas, de las cuales tres continúan sin ser localizadas, aseguró Espacio OSC, integrada por unas 15 organizaciones civiles, como Artículo 19, Casa del Migrante Saltillo y Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En el mismo periodo, al menos 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios han desaparecido en posible relación con su labor, 17 de ellas indígenas. Del total, 37 eran defensoras/es, 25 periodistas y 1 colaborador de medio (48 hombres y 15 mujeres). Hasta ahora, 23 continúan sin ser localizadas, evidenciando la gravedad y sistematicidad de estas violaciones.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este sábado, señaló que las familias buscadoras, así como la sociedad que las acompaña —personas defensoras de derechos humanos y periodistas—, se enfrentan a graves peligros.
“Estas familias no solo cargan con el dolor que genera una desaparición, también enfrentan riesgos, agresiones y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar sus derechos a la justicia, verdad y garantías de no repetición y como personas defensoras de derechos humanos”, resaltó.
Según fuentes oficiales, al menos 133 mil 33 personas han sido desaparecidas en el país, lo que evidencia no solo la magnitud de la desaparición forzada, sino también la crisis forense y de investigación que obstaculiza la identificación de personas, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia para las víctimas y sus familias.
Estados más violentos para activistas y buscadores
Entre las entidades más violentas se encuentran: Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, donde la violencia, la criminalización y la impunidad agravan aún más los riesgos.
Los casos de Sandra Domínguez, defensora desaparecida el 4 de octubre de 2024 y encontrada sin vida meses después pese a la denuncia y movilización social; Irma Galindo, activista y guardabosque mixteca de Oaxaca, beneficiaria del Mecanismo de Protección, quien continúa desaparecida desde el 27 de octubre de 2021 mientras buscaba refugio en Ciudad de México debido al riesgo que enfrentaba; y Roberto Hernández, padre buscador asesinado en el Estado de México el pasado 11 de agosto, evidencian la magnitud de la violencia contra personas defensoras, buscadoras y periodistas en el país.
Estos casos, junto con muchos otros, reflejan la sistematicidad de estas violaciones y la urgente necesidad de una respuesta efectiva por parte del Estado.
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Además del asesinato y la amenaza de desaparición forzada, las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y buscadoras continúan siendo víctimas de múltiples agresiones: ataques físicos, hostigamiento, campañas de desprestigio, acoso judicial y criminalización, espionaje, desplazamiento forzado y asesinatos, entre otras.
Estas prácticas configuran un patrón sistemático de violencia dirigido a silenciar voces críticas y obstaculizar la defensa de derechos humanos, entre ellos, el derecho de las personas desaparecidas a ser localizadas y devueltas a sus familias, lo que evidencia la urgente necesidad de fortalecer mecanismos de protección efectivos, garantizar la seguridad de quienes ejercen estas labores y asegurar justicia para todas las víctimas.
Adicionalmente, las mujeres defensoras, periodistas y buscadoras enfrentan riesgos diferenciados y mayores, incluyendo amenazas, violencia sexual y hostigamiento, lo que exige medidas de protección específicas y un enfoque de género en la atención a su labor.
Espacio OSC exige acciones ante desaparición
Ante este panorama, Espacio OSC exigió:
- La aparición inmediata con vida de todas las personas desaparecidas.
- Mantener las mesas de diálogo con las familias y colectivas que buscan a sus familiares desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.
- Reconocimiento a la labor que realizan las personas buscadoras como defensa de los derechos humanos y atención urgente a las solicitudes de incorporación al Mecanismo de personas buscadoras, garantizando medidas de protección efectivas.
- Fortalecimiento del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas, con protocolos claros para prevenir agresiones y reaccionar ante situaciones de riesgo y de desaparición forzada.
- Aprobación e implementación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos.
- Acciones coordinadas interinstitucionales, incluyendo acompañamiento psicosocial, acceso a medidas de protección y reparación integral a víctimas directas e indirectas.
- Atención urgente a la crisis forense y de investigación, para garantizar que los cuerpos de las personas desaparecidas sean localizados, identificados y entregados a sus familias con respeto y dignidad.
ONU exige protección para buscadoras
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), llamó al gobierno federal a consolidar una política judicial centrada en las víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
A través de un comunicado, y en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, reconoció el papel fundamental de las autoridades judiciales en la protección de todas las personas contra las desapariciones.
“Las autoridades judiciales desempeñan un rol esencial al garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares”, expresó.
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La ONU-DH reconoció también los avances alcanzados en México y los retos en el combate a las desapariciones forzadas. Sin embargo, sostuvo que aún queda mucho por hacer.
Dijo que entre los mayores retos está eliminar obstáculos procesales que dificultan el acceso a la justicia, ampliar el alcance del “amparo buscador” y fortalecer la supervisión judicial de las investigaciones y las detenciones.
La ONU-DH señaló la importancia de que los procesos de capacitación al personal judicial en materia de desaparición de personas incorporen un enfoque diferenciado que atienda las dimensiones de género, interseccional e intercultural.
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Entre los avances a seguir consolidando se encuentran el pleno reconocimiento de los derechos de las familias y personas allegadas en los procesos judiciales, la aplicación efectiva de “la declaración especial de ausencia” y el acompañamiento gratuito a las víctimas por parte de las defensorías públicas.
En este sentido, abundó, también son importantes los esfuerzos encaminados a que las víctimas y sus familias estén situadas en el centro del sistema de justicia, desde la investigación hasta la reparación.
La ONU-DH reafirmó su solidaridad con las víctimas de desapariciones forzadas y reiteró su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos del Estado mexicano para prevenir todas las desapariciones y salvaguardar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la memoria y la reparación.
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