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En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo las dificultades que presentan las organizaciones de la sociedad civil no van a empeorar, pero tampoco hay signos ahora de que vayan a mejorar, advirtió Ricardo Bucio Mújica, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (Cemefi).
“No vemos que haya una visión de ataque como la que tenía el expresidente López Obrador. Entonces, eso permite más facilidad a las distintas áreas del gobierno, a las secretarías, a los órganos desconcentrados, etcétera, para vincularse de una u otra manera con la sociedad civil y abrir puertas al diálogo”, consideró.
Las organizaciones sin fines de lucro enfrentan retos y dificultades para operar en los últimos años, pues en 2019 el expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió una circular para que no se transfieran recursos del presupuesto a ninguna organización social o sindical.
“Sabemos que muchas cerraron, dejaron de trabajar porque no tenían financiamiento público y hay quien puede pensar que en realidad no eran independientes, porque tenían un aporte mayoritario o importante de parte de las autoridades, pero tenemos que recordar que muchas de las actividades que hace la sociedad civil son tareas o que coad- yuvan a la responsabilidad del gobierno o que la sustituyen”, explica Bucio Mújica.
En entrevista con este medio, refirió que muchas de las actividades que realiza la sociedad civil existen porque el gobierno no se hace cargo de estas. A eso se le suma que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó no entregar recursos públicos a ninguna organización.
“Las sociedades civiles hacen tareas que le corresponden a la autoridad y es por eso que tendría que haber también una parte de participación del presupuesto público. La sociedad civil se tuvo que reorganizar en cuanto a la manera de conseguir los recursos, unas buscaron otras formas de financiamiento, como el internacional: creció 50% lo que llegaba de 2018 a lo que llegó a 2023”, agregó.
Distintas organizaciones hicieron una recopilación de 34 agendas públicas para entregar a esta administración, como justicia fiscal, salud, medio ambiente, personas con discapacidad, primera infancia, entre otros: “Se tiene que regularizar, este diálogo tiene que tener canales claros, no depender de que a un funcionario le interese el tema o no, sino que haya una visión común, una política común del gobierno en relación con esta ciudadanía organizada”.
El experto mencionó que lo más favorable para ayudar a poblaciones vulnerables es que haya cooperación, supervisión y financiamiento entre la sociedad civil y el gobierno, algo que se realiza en otros países y ha tenido buenos resultados.
“Ningún gobierno tiene una infraestructura total para cumplir todas las obligaciones del Estado, hacen trabajos vía otras instituciones, pero con presupuesto y asumiendo la responsabilidad pública. Por ejemplo, si nueve de cada 10 niños que tendrían que estar al cuidado del Estado, están al cuidado de la sociedad civil, lo que se puede hacer es un acuerdo entre cada DIF estatal municipal o federal”, dijo.
En este ejemplo, explicó, la responsabilidad legal sería del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con presupuesto público que le permita a las organizaciones operar y que haya supervisión. Así, el DIF no tiene que abrir miles de albergues o de centros de asistencia social, ya que es muy costoso para el gobierno, ni tiene que pagar la totalidad de los gastos que implica el cuidado de niños o niñas.
“Más de 90% de los niños que están en espacios de cuidado alternativo a la familia como albergues, casas-hogar, centros de asistencia, más de 90% son cuidados por organizaciones de la sociedad civil y menos de 10% son cuidados por los DIF que suman entre el nacional, los estatales y los municipales más de 2 mil instituciones públicas que tienen recurso público”, advirtió.
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un esquema similar, junto con empresas y organizaciones civiles, mayoritariamente empresas para las guarderías subrogadas. De esta manera, las guarderías son privadas pero tienen financiamiento, supervisión y responsabilidad por parte del IMSS.
De acuerdo con un estimado por parte de Cemefi, para este 2025 hay registradas 49 mil 187 OSC en México, es decir, 37.03 por cada 100 mil habitantes. Más de 4 millones de hogares de los tres niveles más bajos reciben ingresos de donativos, transferencias o becas para la asistencia social, desarrollo comunitario y el fomento educativo, pero no es suficiente.
Sus acciones generan más de 416 mil millones de pesos al año, lo que representa 1.48% del producto interno bruto (PIB) del país, e involucró a casi 2.4 millones de voluntarios en 2023.
El presidente ejecutivo de Cemefi explicó que la sociedad civil no está obligada a reportar lo que ingresa y lo que gasta, salvo la que tiene la deducibilidad de impuestos, que son unas 10 mil 500 organizaciones, pero hay más de 35 mil que no están obligadas.
“Estas organizaciones que no están obligadas en realidad no sabemos cuánto recaudan y cuánto gastan, pagan impuestos. Pero la cifra en realidad es muy poca si hacemos un comparativo de cuánto reciben y cuánto reciben de distintos medios”.
Indicó que en Europa occidental el financiamiento es mayoritario de parte de gobiernos. Y en Estados Unidos dos de cada tres dólares que llegan son de personas físicas, no de empresas. “Hay un gran compromiso de las personas con la sociedad civil allá y eso no lo tenemos en México, donde la mayoría de los aportes son de empresas y de fundaciones”, agregó.
Por último, llamó a las personas a participar para fortalecer el trabajo de la asociación y para crear otras organizaciones, ya que aún faltan muchísimas: “Tenemos una organización por cada 10 que tiene Colombia, una por cada 20 que tiene Chile”, reconoció.
