Gabriela Villafuerte, exmagistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —sala que ya no existe tras la reforma respectiva—, afirma que si el Poder Judicial no avaló las listas de aspirantes para la elección judicial que se celebrará el 1 de junio próximo no debería tener candidatos, pues la Constitución no prevé una figura sustituta para enviar sus listas al Instituto Nacional Electoral (INE).
“La ley establece claramente y sin lugar a dudas la posibilidad, para cualquier comité, de no mandar candidaturas, con todas las consecuencias que se pudieran dar. Por tanto, si el Poder Judicial determinó no avalarlas ningún otro poder o autoridad podía sustituir o ignorar esa decisión, precisamente porque se contraviene la Constitución”, dice.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Villafuerte rememora los motivos que tuvo para inscribirse, antes de la reforma, para concursar y convertirse en magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, proceso que quedó en el aire tras las modificaciones a la Constitución. Los mismos que la llevaron después a inscribirse en las convocatorias de los tres Poderes de la Unión y someterse al voto popular para cumplir ese sueño profesional.
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“Sí, claro. Yo quería entregarle la Banda Presidencial a una primera mujer presidenta, pero también a la primera presidenta indígena, al primer presidente con alguna discapacidad… hay tantas posibilidades de hacer la diferencia. Pero no podía salir a pedir el voto y decir: ‘vota por mí, defenderé la Constitución’, cuando mi propia candidatura contraviene lo que dice la ley”.
Gabriela Villafuerte solicitó al Instituto Nacional Electoral no aparecer en la boleta de la elección judicial la semana pasada, dice, porque el Poder Judicial —la lista en la que finalmente pasó como candidata— no avaló ninguna candidatura y que el Senado de la República haya enviado al instituto las listas no viene contemplado en la reforma judicial.
“En el artículo 96 se establece la posibilidad de que alguno de los poderes, si no mandaba sus candidaturas en el tiempo establecido, pues no tuviera candidatos. Lo dice así de claro la Constitución: cada poder tiene que ser respetado, eso no cambió con la reforma, y si el Poder Judicial no envió candidatos no debe tener candidatos. La Constitución es muy clara en eso. No es esquizofrenia legalista, lo dice la ley”, afirma.
El Poder Judicial, en descomposición
Villafuerte, quien en su magistratura presidió la Sala Especializada del Tribunal Electoral y con centenas de proyectos juzgó y calificó campañas electorales, sostiene que la misma naturaleza de la reforma judicial representa un choque frontal a la labor del juzgador.
“Juzgar es en sí mismo impopular. No puedes prometerle nada a nadie, no tienes objetivos de gobierno o metas por alcanzar, asuntos por cumplirle a la gente. Tu labor como juzgador es quedar mal con uno y hacerle justicia al otro, nunca vas a darles gusto a las dos partes con tus sentencias o votos particulares”, señala.
Ese choque en la labor del juzgador se vivió dentro del Poder Judicial y se convirtió en una disputa entre los magistrados electorales de la Sala Superior y los jueces de Distrito que emitieron suspensiones al proceso de la elección judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo esa controversia y ordenó a los jueces revisar sus suspensiones, pues no proceden en materia electoral, y determinó que las sentencias del Tribunal Electoral son solamente opiniones sobre dichas suspensiones, pues tampoco pueden pronunciarse sobre juicios de amparo.
“A mí me parece que todo lo que vimos es un despropósito que no ayuda en nada. Los órganos jurisdiccionales se están descomponiendo antes de que se consolide la reforma. Para mí, es una descomposición”, dice.
Poder Judicial, atacado con razón, pero desproporcionadamente
Con 36 años de formación en el Poder Judicial, Villafuerte concede que había muchas cosas por cambiar en el mismo, vicios y redes de nepotismo y corrupción, que no son ajenas a los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.
“El Poder Judicial fue muy atacado desde este espacio [las mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador] y con razón, pero también desproporcionadamente, porque la corrupción en ninguno de los tres poderes es generalizada ni el nepotismo… eso no es necesariamente verdad”.
Villafuerte decidió inscribirse en las tres convocatorias para ser magistrada de la Sala Superior porque personalmente cree que los cambios drásticos atraen buenos resultados. “Además, la esencia de la reforma es algo en lo que yo también creo: los juzgadores debemos escuchar más a la ciudadanía, ser más cercanos a ella”, afirma.
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Elección judicial no garantiza mayor representación de mujeres
Sostiene que apenas 28% de los cargos dentro del Poder Judicial son ocupados por mujeres, proporción que, de acuerdo con su análisis, no resultará diferente con la implementación de la reforma judicial, materializada en la próxima elección de juzgadores.
Aunque el criterio de paridad fue colocar 50 % de candidaturas a mujeres y otro 50% a hombres, eso no representa una igualdad sustantiva, pues las posibilidades de ser elegidos siguen siendo las mismas.
“En el Poder Judicial ya hay un déficit de representación de mujeres. Una verdadera acción afirmativa en materia de paridad hubiera sido que ninguna mujer fuera a la tómbola. Así como fueron dándose las candidaturas y como pinta el panorama, muy probablemente el porcentaje de mujeres en estos cargos de juzgadoras incluso disminuya”, prevé.