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Las mujeres han aumentado su presencia en cargos de elección popular en los últimos años, hasta lograr paridad en el Congreso, gubernaturas e incluso la Presidencia, pero esto también se ha reflejado en un incremento en los casos de violencia política de género, que suman 470 en cinco años.
En el periodo de 2020 a 2024, datos del Instituto Nacional Electoral (INE) revelan que en cuatro de cada 10 casos las agresiones desde sicológicas hasta físicas han sido a nivel municipal. Sin embargo, 45% no recibió ninguna sanción.
En ese periodo, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE se contabilizan 470 casos contra 427 personas que incurrieron en estos actos, algunos más de una vez.
Además, ocho de cada 10 agresiones fueron hechas por hombres (380). En 53 casos, había una superioridad jerárquica del victimario; en 193 eran pares y en 207 casos no tenían ninguna relación laboral.
Los casos de violencia fueron perpetrados en su mayoría por presidentes municipales (112), regidores (59), síndicos (17), tesorero municipal (9), secretario municipal (8), secretario del concejo municipal (1), suplente de regiduría (1) y presidente de junta auxiliar (1). Otros inscritos en el registro son ciudadanos (94) y periodistas (46).
Los registros aumentaron en elecciones federales: 2020 (18 casos), 2021 (152), 2022 (89), 2023 (90) y 2024 (121).
Después de los pasados comicios, hay 13 gobernadoras en el país. El Congreso de la Unión también está conformado de forma paritaria tras la reforma constitucional de 2023, y por primera vez una mujer ocupa la Presidencia de la República.
Sin embargo, la paridad no ha alcanzado al nivel municipal, donde se registran más casos de violencia política: de los mil 794 municipios en juego, sólo 535 (29%) fueron ganados por mujeres.
En el pasado proceso electoral, 4 mil 265 mujeres renunciaron a sus candidaturas, es decir 57% del total de renuncias registradas.
De acuerdo con el INE, los estados con mayor número de renuncias de candidatas fueron Puebla (898), Hidalgo (480), Zacatecas (415), Michoacán (353), Chiapas (283), Estado de México (216), Jalisco (210), Oaxaca (201), Yucatán (175), Chihuahua (131) y Nuevo León (121). De estos, 13 mujeres argumentaron que renunciaron por violencia de género.
Al corte de diciembre de 2024, los datos del registro nacional evidencian que la violencia más frecuente en conjunto fue sexual, sicológica y simbólica; seguida de la sicológica y simbólica con 43 casos; y la sicológica, económica y verbal con 17.
Sanciones y votaciones
El registro de sancionados por cometer violencia política se implementó para llevar un conteo público de las personas que incurrieron en estas conductas; sin embargo, en 45% de los casos no fueron sancionados.
En 216 casos los violentadores no recibieron ninguna sanción; en 162 casos se impuso una multa económica; en 87, una amonestación pública y en el resto se impusieron otros mecanismos.
El proceso electoral de 2024, el más grande de la historia del país, no estuvo exento de casos en los que se vulneraron los derechos de las mujeres desde distintas esferas del poder. Aunque en algunos casos hubo sanciones e incluso la nulidad de una elección, en otros no hubo prácticamente consecuencias.
En el municipio de Irimbo, en Michoacán, se declaró la nulidad de la elección por violencia política de género en contra de la candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Azucena Ruiz, por una campaña en medios locales y redes sociales con las que se pretendía denostar a su persona en razón de ser mujer.
La perredista ganó la elección extraordinaria celebrada el pasado 8 de diciembre. Sin embargo, no en todos los casos entran en este registro.
Está el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra la entonces candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, quien lo denunció por violencia política al señalar en sus mañaneras que era manejada por un grupo de políticos y empresarios hombres.
A seis meses de que finalizó la elección del 2 de junio, el caso sigue sin resolverse. En una primera resolución, la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente sí había incurrido en violencia simbólica por sus declaraciones en algunas conferencias, pero cuando el asunto llegó a la Sala Superior, ordenó hacer un nuevo análisis a la Especializada, por lo que el asunto ha rebotado entre ambas instancias desde entonces.
Atender la violencia de género
El año pasado, el Instituto Nacional Electoral implementó un programa piloto para primeros auxilios, de orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de mujeres candidatas, con un total de 42 solicitudes, de las cuales, en 19 casos se identificó que a nivel local no tenían ningún mecanismo para atender los casos de violencia política.
En total, el órgano electoral brindó 762 servicios: 266 fueron en el área sicológica, 460 jurídicos y otros 36 a diferentes áreas.
