Ante el crecimiento del fenómeno de dedicados en la frontera norte a actividades ilícitas como tráfico de migrantes, de armas y de drogas, organizaciones civiles y especialistas urgieron a los próximos gobiernos que entrarán en funciones en el país a enfrentar al crimen organizado y políticas públicas para prevenir la violencia contra niñas niños y adolescentes.

Y es que de 2020 a 2022 el número de niñas, niños y adolescentes dedicados a traficar con personas o con drogas en la frontera norte se incrementó 140.1% al pasar de 883 a mil 993, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Más allá de los métodos de reclutamiento, estas actividades se encuentran vinculadas, principalmente, a redes de crimen organizado que controlan en la frontera las rutas de tráfico ilícito de personas migrantes”, destaca.

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En su reporte Niñas, niños y adolescentes en movilidad de circuito y su relación con el tráfico ilícito de personas migrantes, menciona que la participación en estas actividades al margen de la ley no sólo proporciona a esos menores ingresos financieros previamente inaccesibles, sino que también les confiere un estatus social, permitiéndoles asumir roles de género, especialmente como proveedores para sus familias.

Y es que precisa que un cruce exitoso puede generar una ganancia de entre 100 y hasta 400 dólares por persona migrante o incluso más, sobre todo en viajes que implican trasladar a personas de Centroamérica, de otros continentes, como Asia, o grupos vulnerables, como personas de la tercera edad o mujeres acompañadas de niñas, niños y adolescentes.

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, destaca que los cárteles como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y el del Noreste son los que principalmente se han dedicado a enganchar niñas, niños y adolescentes a través de engaños o los obligan a hacerlo utilizando la violencia.

“Los enganchan mucho con engaños, les dicen que van a ser guías, obviamente el tema monetario es importante, pues les pagan según lo que lleven y según lo que hagan y los trayectos que tan largos sean, pero pueden ganar hasta mil dólares o un poco más si se trata de cargamentos de droga”, comenta.

Explica que ante la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los menores de entre 12 y 14 años están “exentos de responsabilidad penal”; y en el caso de los de 14 a 16 años, “el internamiento se utilizará como medida extrema y en los supuestos previstos en la ley”. En el caso de los menores de entre 16 y 18 años, la medida cautelar de internamiento preventivo sólo es posible por un periodo de “hasta cinco meses”.

Es decir, que aun cuando estos sean detenidos en medio de sus actividades delictivas, serán liberados por su condición de menores de edad.

Destaca que Tamaulipas es el estado con mayor incidencia, pues 70% de niños y adolescentes reclutados para el tráfico de migrantes e identificados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en el periodo 2020-2022 eran originarios de esa entidad.

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Víctor Hernández, académico de la Universidad Panamericana (UP), explica que el reclutamiento de infantes y adolescentes en el crimen organizado inició con la guerra contra los cárteles de la droga que comenzó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

“Se empezaron a utilizar en roles auxiliares, como halcones, como punteros, como mulas para cruzar droga a Estados Unidos. Pero hoy en día todos los cárteles los tienen moviendo droga o fuera de las unidades militares, avisando”, refiere.

Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, destaca que para enfrentar este crimen trasnacional es crucial implementar políticas de prevención y protección a los adolescentes migrantes que viajan solos, quienes suelen ser las principales víctimas por la desprotección que viven.

“En los últimos años, la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades de tráfico de personas y drogas en la frontera norte de México ha incrementado de manera alarmante. Esta preocupante situación exige una respuesta inmediata y contundente para proteger a la niñez de las redes del crimen organizado”, refiere.

Cristina Hernández Engrandes, académica del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resalta que el próximo gobierno federal que encabezará la morenista Claudia Sheinbaum Pardo debe poner énfasis en el interés superior de la niñez, que está establecido en tratados internacionales de los que México es parte, por lo que está obligado a hacerlo un eje estratégico.

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“Esto es que a las niñas, niños y adolescentes se les proteja de cualquier tipo de violencia, incluyendo la violencia extrema. Este es un problema que no se resuelve nada más brindando becas o transferencias económicas, sino a través de programas de largo aliento, que involucre a distintas dependencias gubernamentales”, subraya.

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