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Cada dos meses y medio un presidente municipal ha sido asesinado en nuestro país en los últimos 25 años, es decir, 119 alcaldes en funciones y electos ultimados.
El sexenio más mortífero registrado fue el de Enrique Peña Nieto, con 42 casos; le sigue el de Felipe Calderón Hinojosa, con 37; en tercer lugar se ubica el de Andrés Manuel López Obrador, con 26, y en cuarto, el de Claudia Sheinbaum Pardo, con 10 hasta la fecha.
El estado con más homicidios de presidentes municipales es Oaxaca, con un total de 24; le siguen Michoacán, con 20; Veracruz, con 13; Guerrero, con 12; Puebla, con ocho; Durango, con seis y Jalisco, con cinco, mientras que en Chihuahua y Estado de México se documentaron cuatro casos, respectivamente.
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Al menos 38 alcaldes pertenecían al PRI; 19 eran del PRD; 18, del PAN; nueve, de Morena y PVEM; cinco, de MC y PT, y el resto eran de partidos locales o independientes, como el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
En una revisión realizada por EL UNIVERSAL, se encontró que el modus operandi más frecuente es la emboscada para en seguida cometer la ejecución con arma de fuego. En gran parte de los casos, el presidente municipal es asesinado junto a sus choferes, escoltas, familiares o esposas.
También se registran casos de asfixia, secuestros, estrangulamiento, contusiones, puñaladas, una decapitación y una muerte por lapidación. Además, en distintas ocasiones, los ediles fueron reportados como desaparecidos y luego encontraron sus cuerpos en lotes baldíos o casas abandonadas.
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Tal es el caso de Manuel Angulo Torres, quien fue reportado como desaparecido junto a su hermano. El alcalde de Topia, Durango, fue encontrado muerto por asfixia el 4 de junio de 2008. Gregorio Barradas Miravete, alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, también fue secuestrado y su cuerpo fue hallado herido con armas de fuego en noviembre de 2010. Fortino Cortés Sandoval, presidente de Florencia, Zacatecas, fue secuestrado y encontrado sin vida un día después, en junio de 2011.
Mario Sánchez Cuevas, presidente de San Miguel El Grande, Oaxaca, estuvo desaparecido por 12 días y luego fue encontrado con signos de violencia y herido por un arma de fuego en octubre de 2015. Olga Kobel Lara, alcaldesa de Juárez, Coahuila, fue secuestrada y hallada seis días después sin vida, esto en diciembre de 2018.
Otros más habían denunciado amenazas previas a los ataques, como el perredista Ambrosio Soto Duarte, alcalde de Pungarabato, Guerrero, y asesinado el 24 de julio de 2016: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar, señor presidente Enrique Peña Nieto. #TierraCaliente lo necesita”, expresó a través de redes sociales.
La alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea, había denunciado amenazas de muerte en su contra en diciembre de 2017 e incluso reveló que le habían ofrecido 300 mil pesos para que no tomara protesta como alcaldesa. El 24 de abril de 2019 fue asesinada junto a su chofer y esposo.
Jesús Eduardo Franco Lárraga, presidente de Tancanhuitz por Morena en San Luis Potosí, fue ejecutado el 15 de diciembre de 2024 junto a su secretario particular y dos escoltas. El presidente Ixhuatlán de Madero, Veracruz, Víctor Espinoza Tolentino fue asesinado junto a su esposa y tres personas más en un presunto asalto, reportaron medios locales en noviembre de 2017.
La violencia también ataca de otras formas a los ediles. De acuerdo con datos de Data Cívica, de 2018 a la actualidad 85 alcaldes más han sido víctimas de atentados, amenazas, secuestros y ataques.
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